Por Jenaro Villamil
México, D.F., 14 de mayo (apro).- Una nueva y nada sutil operación de presión entre concesionarios, organismos reguladores y legisladores comenzó a operar poco después que se conociera el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte, Salvador Aguirre Anguiano, que considera “parcialmente fundada” la acción de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, pero mantiene el mecanismo de “refrendo automático” de las concesiones, lo que es considerado por diversos actores políticos como una de las irregularidades más graves.
La primera señal de presión provino de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que lamentó el 9 de mayo las declaraciones del senador y coordinador de la bancada del PAN, Santiago Creel, quien afirmó que la Ley Televisa fue resultado más de una “imposición que de una negociación”. La segunda muestra de presión y cabildeo fue la asistencia de los senadores Federico Döring, del PAN, y de Javier Orozco Gómez, del Partido Verde, el viernes pasado, para “presentarle su posición” a los ministros de la Corte. Ambos legisladores mantienen una clara cercanía con Televisa: el primero fue el operador de los ‘videoescándalos’ que detonaron en marzo de 2004, mientras el segundo fue el artífice en la Cámara de Diputados de la minuta de la Ley Televisa, que se aprobó el 1 de diciembre de 2005.
En su comunicado, el organismo cúpula de los concesionarios afirmó que “si el senador Creel tiene elementos probatorios de cualquier naturaleza, será conveniente que los presentase ante las autoridades competentes”.El boletín de la CIRT coincidió con las declaraciones que realizaron los diputados Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI y reconocido como uno de los principales operadores de la Ley Televisa, y su similar del blanquiazul, Héctor Larios.Ambos negaron que hubieran existido presiones o que se hubiera impuesto la Ley Televisa.
“Por supuesto que tenían que decir eso. Gamboa Patrón fue uno de los que presionó”, recuerda a Proceso, el exsenador priista Manuel Bartlett. Por su parte, el exsenador y actual diputado del PRI, Carlos Rojas, también entró al debate, aunque matizó así la situación:
“Claro que hubo presiones. No hay que asustarse de eso. Son presiones legítimas, no son violatorias de nada. Yo atestigüé una del senador Ernesto Gil Elorduy, quien dijo en una reunión plenaria de la fracción del PRI –antes de votar la Ley Televisa-- que había que aprobar la ley porque eso ayudaría a la campaña presidencial de Roberto Madrazo”.
La CIRT le recordó en ese mismo comunicado a Santiago Creel que los trabajos de la “Mesa de diálogo para la revisión integral de los medios electrónicos”, realizados durante 14 meses cuando él fue secretario de Gobernación, “no rindieron resultado alguno”.
El especialista Gabriel Sosa Plata escribió --el 8 de mayo en su columna “La Corte y la Fundación Televisa”-- que “la maquinaria de ‘cabildeo’ y de la desinformación de las televisoras y empresas afines ya se echó a andar con dos objetivos fundamentales: uno, influir en los ministros con el propósito de que se opongan al proyecto de sentencia de la contrarreforma; el otro, presentarse como víctimas de una persecución política al afirmar que ese documento pone en riesgo la independencia de los medios.“Justo este fin de semana –agregó Sosa Plata-- el organismo representativo del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, dominada por Televisa), lanzó una intensa campaña para manifestar su rechazo a la acción de anticonstitucionalidad bajo el argumento de que es un atentado contra la libertad de expresión. El mismo argumento utilizado cuando se discutía la reforma, ésta sí a favor de la pluralidad y el acotamiento de las empresas dominantes, impulsada por la subcomisión de Radio y Televisión en el Senado”.
Esa iniciativa original de reforma se abortó desde finales de 2004 y quedó congelada durante todo el 2005. Paradójicamente, en aquella ocasión Santiago Creel no hizo ninguna expresión de apoyo. Carlos Rojas, quien como senador también se opuso a la Ley Televisa, recuerda que “realmente Creel no tiene cara para esta posición crítica. Es el menos indicado. Está documentado que sus spots en Televisa, cuando fue precandidato del PAN, costaron una bagatela”.
La reacción en el Senado ante la crítica de la CIRT no se hizo esperar. En un comunicado emitido el 10 de mayo, la Junta de Coordinación Política expresó su “solidaridad con el derecho del senador Santiago Creel Miranda, coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente de este órgano de gobierno, a expresar sus opiniones y puntos de vista sobre este y los temas de interés público que se debaten en la actual coyuntura política del país”.
La presión de la CIRT surtió un efecto en el propio Creel. En su conferencia de prensa del mismo día, matizó sus declaraciones anteriores y afirmó que fueron “las circunstancias” y no los individuos las que “impusieron la propia situación que se dio en la aprobación” de la Ley Televisa.El viernes 11 de mayo, el secretario general del PAN, José Espina, respaldó a Creel y a todos los senadores frente a las críticas de la CIRT. Espina aclaró que esperarán a la resolución de la Suprema Corte para valorar qué decisión tomará el blanquiazul frente a la ley.
La anterior ‘operación Torniquete’
El comunicado de la CIRT fue impulsado por su primer vicepresidente, el abogado Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y ampliamente conocido como uno de los cabilderos principales del consorcio presidido por Emilio Azcárraga Jean. Tejado Dondé fue el mismo personaje que protagonizó el escándalo de una serie de llamadas telefónicas, filtradas a diversos medios en marzo de 2006, poco antes de que se aprobara en el Senado la Ley Televisa. El disquete que reproduce esas llamadas se titula: “Operación Torniquete de Javier Tejado Dondé a la industria (ene/feb 2006)”.
El abogado de Televisa presionó a organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), a través de funcionarios de empresas telefónicas como Avantel y Alestra, para que esta cámara dirigida por Tere Carrillo modificara su oposición original a la Ley Televisa, expresada en un desplegado público el 12 de diciembre de 2005.En aquel comunicado, la Canieti –organismo que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones-- expresó su “sorpresa, preocupación y desacuerdo” frente a las reformas aprobadas por unanimidad el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, y que fueron conocidas como Ley Televisa.
De acuerdo con las grabaciones, de las cuales Proceso obtuvo una copia, uno de los elementos de presión que utilizó Tejado Dondé y Televisa fueron las llamadas de Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio, al jefe de Tere Carillo, de la empresa Hewlett Packard, para que la Canieti modificara su posición. Gómez le sugirió que Hewlett Packar podía perder a varios compradores en México.
En la ‘operación Torniquete’ de entonces participaron expertos en telecomunicaciones como Eduardo Ruiz Vega. A él, Tejado Dondé le “sugiere” hablar con “legisladores clave” para que la minuta de la Ley Televisa fuera aprobada “en sus términos” en el Senado.De acuerdo con las grabaciones, Tejado Dondé extendió su influencia hacia otros concesionarios de telecomunicaciones, como Maxcom, Intel y Marcatel, además de Hewlett Packard, para que apoyaran esta iniciativa.
Durante las comparecencias que se realizaron en el Senado para analizar la Ley Televisa, la investigadora Fátima Fernández Christlieb, recordó:“Quedarán para la historia los primeros documentos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti). Me refiero a dos de ellos, el desplegado del 12 de diciembre en el que expresan su desacuerdo con las reformas y las 21 cuartillas con los requerimientos de adecuaciones a la minuta que dieron a conocer el 11 de enero. Algún día también sabremos a qué tipo de presión o de amenazas se vio sometida la dirigencia de esta cámara para cambiar su postura”.
Actualmente, Eduardo Ruiz Vega es integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuyo nombramiento está impugnado, al igual que el de los exsenadores Héctor Osuna, del PAN, y Ernesto Gil Elorduy, del PRI, por los amparos interpuestos por los exaspirantes Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous.
Osuna fue el presidente de la comisión responsable de dictaminar la Ley Televisa y defendió en todo el proceso la necesidad de que la minuta se aprobara “en sus términos”, tal como pedía Televisa. Gil Elorduy, cercano a Enrique Jackson, fue el mismo senador que convocó a sus homólogos a apoyar la iniciativa para beneficiar a la campaña de Roberto Madrazo.
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