Por Gabriel Sosa Plata
Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 6 de noviembre de 2007
Más allá de los dislates de los abogados de la cúpula de la industria de radio y televisión al recomendar que el Congreso no acate el fallo de la Corte sobre la ley Televisa y su polémica posición en temas como el derecho de réplica o la rectoría del Estado en materia de radiodifusión, en el documento dado a conocer la semana pasada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) hay algunos elementos en los que prácticamente nadie tendría objeciones y sobre los cuales podrían generarse los primeros consensos.
El referido documento, de 92 páginas, fue entregado el 30 de octubre a los integrantes del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Contiene 13 temas, desarrollados, según lo dijo el presidente de la CIRT, Enrique Pereda, por 24 abogados al servicio de la industria y quienes, no obstante las líneas generales definidas por sus contratantes, no pudieron evitar las contradicciones en algunas de las temáticas abordadas. Tampoco estuvieron exentos de reiteraciones y faltas de ortografía.
En materia de concesiones, la CIRT coincide con una crítica histórica que paradójicamente hoy explica los problemas de concentración de su propia industria: la discrecionalidad en su otorgamiento. Por ello apoya, como muchos otros, la licitación de frecuencias en un procedimiento transparente. Sin embargo insiste que el dinero sea el elemento objetivo para declarar al ganador de una concesión, lo cual va en contra de lo establecido por la Corte.
Sobre las radios comunitarias hay una afirmación que ya puede utilizar a su favor la AMARC: “no vemos obstáculo para que se incluya esta figura, siempre y cuando el acceso a la misma no esté restringida y no se hagan distinciones entre todos los mexicanos”. Increíble, pero cierto: la CIRT estaría de acuerdo en incluir a la radio comunitaria en la legislación mexicana, aunque al final del texto confunden, se contradicen y aseguran que los concesionarios son “la verdadera radiodifusión comunitaria” y que por lo tanto “¡ya no la tenemos que inventar!” (sic).
En cuanto a la convergencia tecnológica, corrigen y se pronuncian porque “tanto los concesionarios como los permisionarios (a los cuales no dieron esa posibilidad en la ley Televisa que tan vehementemente defendieron) puedan ser objeto de una autorización para prestar servicios adicionales” y que los procedimientos para dichas autorizaciones eviten “tratos preferentes o discrecionales”.
Por cierto, a estos “servicios adicionales”, dejaron de llamarles “servicios adicionales de telecomunicaciones” en todo el documento. Al hacerlo, aceptaron que ese agregado “de telecomunicaciones” implicaba problemas conceptuales y legales, como desde un primer momento se advirtió cuando se aprobó la ley Televisa. También apoyan la idea de que en el tema de servicios adicionales “se pague una contraprestación económica en los mismos términos en que deban hacerlo los concesionarios de telecomunicaciones, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es decir, se pronuncian porque el pago ya no sea un acto discrecional de la Cofetel, como lo decía la ley Televisa, sino un acto obligatorio.
Independencia y transparencia
Radio y televisión permisionadas: de entrada los reconocen como “medios públicos” y coinciden con la idea de que “el Estado mexicano debe apoyar” su conversión digital y que se impida que “estén al servicio de los gobernantes en turno” para “fines de promoción política o para atacar a sus competidores o rivales políticos”. Asimismo proponen para estos medios la creación de órganos de gobierno con consejeros independientes con el fin de garantizar la independencia editorial de sus contenidos.
Sobre competencia hay un espaldarazo a la Comisión Federal de Competencia (CFC) en todo tipo de transacciones o licitaciones de radio y televisión, al afirmar que su opinión “es favorable” para “valorar el acceso o acumulación de frecuencias con el propósito de evitar fenómenos de concentración nacional y/o regional de espectro radioeléctrico, al tiempo de evitar conductas anticompetitivas o monopólicas que perjudiquen al mercado de radiodifusión”.
En conclusión: pese a sus limitaciones, el documento de la CIRT incluye reflexiones y propuestas interesantes que nada tienen que ver con la ley Televisa ni con lo que no hace mucho tiempo pensaban los radiodifusores sobre este sector. De igual manera debemos reconocer que la CIRT, a diferencia de lo que sucedía hace años, ha tomado la decisión de divulgar públicamente su opinión sobre los temas que le atañen. Forzado por las circunstancias, ese organismo subió a su página (www.cirt.com.mx) dicho texto, junto con los archivos power point presentados a los senadores.
Por cierto, al final del documento, dicen que gracias a la labor de su Consejo de Autorregulación durante 2007 salieron del aire 11 programas y se modificaron otros seis, cuya calidad de contenidos “no cumplían con los estándares de calidad que la audiencia demanda”. Con ese espíritu de transparencia que ahora anima a la CIRT, estoy seguro que muchos agradeceríamos el nombre de esas producciones.
Tabasco y los medios
En Tabasco, el papel de los medios de comunicación locales previo y durante el desastre estuvo marcado por contrastes. Desde el viernes 26 de octubre, mientras la mayoría alertaron de los riesgos por las lluvias y el eventual desbordamiento de los ríos -que finalmente ocurrió-, sólo dos minimizaron la advertencia: Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste. ¿El motivo? El 28 de octubre se realizaba una marcha del PRD contra el Acuerdo Compensatorio promovido por la CFE y el gobierno estatal, y consideraron que se exageraba la amenaza para inhibir la manifestación. Hoy los medios tabasqueños, especialmente la radio y la televisión del gobierno estatal, están haciendo una muy buena labor a favor de la población.
Este miércoles, en el Senado, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), que preside Javier Corral, presentará en el Senado su posición sobre la reforma de medios. Al día siguiente, 8 de noviembre, a las 19:00 horas, Miguel Ángel Granados Chapa, Jenaro Villamil y Carlos Narro presentan Memorias de Radio UNAM, de Josefina King Cobos, a quien felicitamos por su nueva obra. La cita es en la misma radiodifusora universitaria (Adolfo Prieto 133, Col. del Valle).
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
Blog: http://radiomexicana.blogspot.com
El referido documento, de 92 páginas, fue entregado el 30 de octubre a los integrantes del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Contiene 13 temas, desarrollados, según lo dijo el presidente de la CIRT, Enrique Pereda, por 24 abogados al servicio de la industria y quienes, no obstante las líneas generales definidas por sus contratantes, no pudieron evitar las contradicciones en algunas de las temáticas abordadas. Tampoco estuvieron exentos de reiteraciones y faltas de ortografía.
En materia de concesiones, la CIRT coincide con una crítica histórica que paradójicamente hoy explica los problemas de concentración de su propia industria: la discrecionalidad en su otorgamiento. Por ello apoya, como muchos otros, la licitación de frecuencias en un procedimiento transparente. Sin embargo insiste que el dinero sea el elemento objetivo para declarar al ganador de una concesión, lo cual va en contra de lo establecido por la Corte.
Sobre las radios comunitarias hay una afirmación que ya puede utilizar a su favor la AMARC: “no vemos obstáculo para que se incluya esta figura, siempre y cuando el acceso a la misma no esté restringida y no se hagan distinciones entre todos los mexicanos”. Increíble, pero cierto: la CIRT estaría de acuerdo en incluir a la radio comunitaria en la legislación mexicana, aunque al final del texto confunden, se contradicen y aseguran que los concesionarios son “la verdadera radiodifusión comunitaria” y que por lo tanto “¡ya no la tenemos que inventar!” (sic).
En cuanto a la convergencia tecnológica, corrigen y se pronuncian porque “tanto los concesionarios como los permisionarios (a los cuales no dieron esa posibilidad en la ley Televisa que tan vehementemente defendieron) puedan ser objeto de una autorización para prestar servicios adicionales” y que los procedimientos para dichas autorizaciones eviten “tratos preferentes o discrecionales”.
Por cierto, a estos “servicios adicionales”, dejaron de llamarles “servicios adicionales de telecomunicaciones” en todo el documento. Al hacerlo, aceptaron que ese agregado “de telecomunicaciones” implicaba problemas conceptuales y legales, como desde un primer momento se advirtió cuando se aprobó la ley Televisa. También apoyan la idea de que en el tema de servicios adicionales “se pague una contraprestación económica en los mismos términos en que deban hacerlo los concesionarios de telecomunicaciones, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es decir, se pronuncian porque el pago ya no sea un acto discrecional de la Cofetel, como lo decía la ley Televisa, sino un acto obligatorio.
Independencia y transparencia
Radio y televisión permisionadas: de entrada los reconocen como “medios públicos” y coinciden con la idea de que “el Estado mexicano debe apoyar” su conversión digital y que se impida que “estén al servicio de los gobernantes en turno” para “fines de promoción política o para atacar a sus competidores o rivales políticos”. Asimismo proponen para estos medios la creación de órganos de gobierno con consejeros independientes con el fin de garantizar la independencia editorial de sus contenidos.
Sobre competencia hay un espaldarazo a la Comisión Federal de Competencia (CFC) en todo tipo de transacciones o licitaciones de radio y televisión, al afirmar que su opinión “es favorable” para “valorar el acceso o acumulación de frecuencias con el propósito de evitar fenómenos de concentración nacional y/o regional de espectro radioeléctrico, al tiempo de evitar conductas anticompetitivas o monopólicas que perjudiquen al mercado de radiodifusión”.
En conclusión: pese a sus limitaciones, el documento de la CIRT incluye reflexiones y propuestas interesantes que nada tienen que ver con la ley Televisa ni con lo que no hace mucho tiempo pensaban los radiodifusores sobre este sector. De igual manera debemos reconocer que la CIRT, a diferencia de lo que sucedía hace años, ha tomado la decisión de divulgar públicamente su opinión sobre los temas que le atañen. Forzado por las circunstancias, ese organismo subió a su página (www.cirt.com.mx) dicho texto, junto con los archivos power point presentados a los senadores.
Por cierto, al final del documento, dicen que gracias a la labor de su Consejo de Autorregulación durante 2007 salieron del aire 11 programas y se modificaron otros seis, cuya calidad de contenidos “no cumplían con los estándares de calidad que la audiencia demanda”. Con ese espíritu de transparencia que ahora anima a la CIRT, estoy seguro que muchos agradeceríamos el nombre de esas producciones.
Tabasco y los medios
En Tabasco, el papel de los medios de comunicación locales previo y durante el desastre estuvo marcado por contrastes. Desde el viernes 26 de octubre, mientras la mayoría alertaron de los riesgos por las lluvias y el eventual desbordamiento de los ríos -que finalmente ocurrió-, sólo dos minimizaron la advertencia: Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste. ¿El motivo? El 28 de octubre se realizaba una marcha del PRD contra el Acuerdo Compensatorio promovido por la CFE y el gobierno estatal, y consideraron que se exageraba la amenaza para inhibir la manifestación. Hoy los medios tabasqueños, especialmente la radio y la televisión del gobierno estatal, están haciendo una muy buena labor a favor de la población.
Este miércoles, en el Senado, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), que preside Javier Corral, presentará en el Senado su posición sobre la reforma de medios. Al día siguiente, 8 de noviembre, a las 19:00 horas, Miguel Ángel Granados Chapa, Jenaro Villamil y Carlos Narro presentan Memorias de Radio UNAM, de Josefina King Cobos, a quien felicitamos por su nueva obra. La cita es en la misma radiodifusora universitaria (Adolfo Prieto 133, Col. del Valle).
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
Blog: http://radiomexicana.blogspot.com
Imagen tomada de: www.homeschoolestore.com
1 comentario:
Wow. Un editorial que podia haber aparecido en el New York Times. En Mexico, aparece en el unico periodico Centrista, La Jornada. Los demas rotativos, unas mas, otros menos, todavia creen que las cuentas individuales solucionan todo.
Nunca entendere el odio que los medios tienen hacia el Centrismo. Osea, tenemos un Mexico Mediocre que ha crecido 0.9% anual durante 25 anos, y los medios siguen apoyando las mismas politicas de la UltraDerecha.
Caramba.
Patricia
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http://www.jornada.unam.mx/2007/11/10/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Editorial
IMSS: acuerdos contra los trabajadores
Con el telón de fondo de las negociaciones en torno al contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se concretó un acuerdo entre la autoridad de ese organismo, encabezada por Juan Molinar Horcasitas, y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que acabaría por cercenar importantes derechos laborales de los futuros empleados de la institución, sobre todo respecto de las condiciones de jubilación.
Entre otras cosas, el convenio estipula la conversión de las pensiones en fondos de ahorro individuales, similares a las Afore, lo que les garantizaría, en el mejor de los casos, un pago apenas equivalente a 30 por ciento de su último sueldo. Es decir, se plantea una división entre trabajadores de primera y de segunda, por llamarlo de algún modo: los que gozan de los beneficios del actual régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) y que, por tanto, recibirán íntegro el equivalente a su último salario una vez que se hayan jubilado, y los que sean contratados en lo sucesivo, quienes, no obstante desempeñar funciones iguales, percibirán una pensión mucho menor a la de los primeros.
Resulta difícil comprender la aprobación de la dirigencia gremial a un acuerdo que vulnera los derechos laborales si no es como una rendición ante los designios neoliberales del actual gobierno. Desde esta perspectiva, es inaceptable que tanto los líderes sindicales como las autoridades del IMSS hayan ocultado a los trabajadores de la institución, y a la opinión pública en general, la existencia del acuerdo mencionado.
El Seguro Social es una institución de suma importancia para el país. A la base de su fundación se encuentra el reconocimiento del derecho de la clase trabajadora y de sus familias a acceder a servicios de salud públicos y de calidad. En la actualidad, a pesar de la acuciante situación financiera, que se traduce en condiciones adversas por la insuficiencia de materiales y de infraestructura para los servicios, los empleados del instituto mantienen éste a flote y atienden a millones de derechohabientes. Por tanto, es insoslayable la necesidad de que mejoren las circunstancias en las que se prestan los servicios de salud, pero esto no debe ocurrir en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la institución.
El accionar del grupo gobernante en torno a la situación del IMSS ha dado cuenta de su incongruencia para resolver la problemática. El propio Molinar Horcasitas ha rehusado en repetidas ocasiones incrementar el monto de las cuotas obrero-patronales, con el argumento de que tal medida afectaría a la clase trabajadora, pues desincentivaría la creación de empleos; sin embargo, no parece importarle que se degraden las conquistas sindicales de los empleados del Seguro Social, como lo es el actual RJP, que ha sido esgrimido, desde los tiempos del foxismo, como una de las principales causas del déficit financiero de la institución. Por lo demás, es claro que no hay voluntad real por parte de las autoridades federales para hacer que los grupos empresariales colaboren con el rescate de la institución: su política al respecto parece reducirse a sacrificar los derechos de los trabajadores y no tocar los intereses de los patrones.
Es fundamental para el país que el IMSS sobreviva a las embestidas y a la lógica privatizadora de los gobiernos neoliberales. El rescate de la institución requiere de la participación y el compromiso del gobierno federal, el sector empresarial y los trabajadores, no del ensañamiento y el atropello en contra de los derechos de estos últimos.
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