Licitación de fibra oscura ¿con visión de Estado?

Columna radiofónica “Telecom y Medios”

Noticiario Pulso de la Mañana, Radio Educación

22 de mayo de 2009

Por Gabriel Sosa Plata

Bastaron algunos meses para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambiara de opinión. De considerar a su amplia red de fibra oscura como una infraestructura imposible de arrendar o licitar por razones de seguridad nacional, ahora la ofrece al mejor postor de las telecomunicaciones para coadyuvar, se asegura, a la competencia en este polémico sector.

La fibra oscura es aquella red de fibra óptica desplegada por un operador, en este caso por la CFE, pero que no es utilizada. Por lo general, esta red de fibra oscura funciona como respaldo en caso de fallas de la llamada fibra iluminada o bien para disponer de capacidad adicional ante un crecimiento de demanda del servicio.

El 10 de noviembre de 2006, la CFE obtuvo la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que considera la prestación de los servicios de provisión y arrendamiento de su red en 71 poblaciones del país. Un año después, el 2 de noviembre de 2007 comenzó la comercialización de su infraestructura. Hasta el año pasado, empresas como Alestra, Axtel, Pegaso, B-Tel, Protel, se encontraban entre sus clientes, a pesar de las constantes quejas por el precio de sus servicios.

Pero la infraestructura que la CFE ponía a disposición de operadores de telecomunicaciones era, en opinión de algunos operadores, insuficiente. Por eso, la española Telefónica Movistar, que dirige en México Francisco Gil Díaz, y la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) encabezaron la exigencia para que se arrendara la valiosa fibra oscura de la CFE. Incluso la Canitec amenazó con denunciar al organismo que encabeza Alfredo Elías Ayub si no lo hacía. A su exigencia, se sumó la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como se constata en diferentes notas periodísticas publicadas en los últimos meses.

Por ejemplo, el 30 de octubre de 2008, Francisco Gil Díaz dijo a Milenio Diario que de los 34 hilos que la CFE tiene de fibra óptica, utiliza sólo cuatro, por lo que debería subastar los 30 sobrantes. Y agregó que el argumento de que no lo hace por seguridad nacional es absurdo. “¿Qué es lo que está deteniendo el desarrollo de la banda ancha en nuestro país? El problema es el transporte de las señales de las telecomunicaciones, en el espinazo de las mismas, que es la red de Teléfonos de México”, dijo. De acuerdo con el ejecutivo, esto se podría resolver, y con ello ganar costos razonables y una verdadera amplitud de ancho de banda, si se hiciera lo que hacen en todos lo países que tienen redes de fibra óptica con compañías eléctricas estatales.

Otro ejemplo más reciente: El Universal publicó el 18 de marzo una entrevista al presidente de la Canitec, Alejandro Puente, quien se quejó: “la CFE no quiere arrendarnos esa infraestructura, contra lo que ocurre en todo el mundo. Alegan razones de seguridad nacional pero las preocupaciones a ese respecto pueden resolverse muy fácilmente". Y agregó: “al no permitirse el uso de esa fibra que tiene desaprovechada la CFE se cancela la posibilidad de contar con una infraestructura de telecomunicaciones pagada con los impuestos de los mexicanos”.

El cabildeo, la presión o el convencimiento apoyado en estudios técnicos, funcionaron y, como se difundió ampliamente, este martes el presidente Felipe Calderón anunció la licitación para utilizar dos fibras ópticas de la CFE en rutas disponibles, pero será hasta el 2010 cuando la empresa ganadora haga uso de la infraestructura para prestar servicios de transporte de voz, datos y video, tal como aclaró un día después la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, dijo que la red troncal de la CFE no contempla el acceso a la última milla, “por lo que el gobierno realizará la licitación del espectro radioeléctrico de manera paralela, para que los operadores tengan esa infraestructura que les permita llegar al consumidor”.

Por supuesto que la empresa que presionó para la apertura ya se apuntó. El director general de Telefónica Movistar, Fabián Bifaretti, dijo que participarán en la licitación. “De hecho –reconoció- hemos sido los principales impulsores de esta iniciativa que ha tenido el gobierno, porque creemos que es un gran apoyo en la infraestructura, porque en muchos casos dependemos de un solo operador y eso determinará que los precios sean mucho más competitivos”.

Sin embargo, no todos celebran los supuestos beneficios que en empleo y competencia generará esta licitación, en un contexto de recesión económica. Entrevistado el 20 de mayo por Ricardo Rocha, el ex secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y diputado perredista, José Antonio Almazán, dijo que el propósito “es colocar a las redes eléctricas nacionales como negocio para los particulares, en lugar de que sea el Estado, a través de las empresas públicas, como CFE y Luz y Fuerza del Centro, las que aprovechen estas redes”.

Hace tres meses, el 15 de febrero, otro diputado del PRD, Juan Guerra Ochoa, anticipó a Roberto Garduño, de La Jornada, que el gran beneficiario de esta licitación será Telefónica Movistar Y dijo que el costo, erogado por el erario para esta red de fibra óptica fue de más de 4 mil millones de dólares y no de 300 millones de dólares, como se ha dicho. Se trata de un dato que debería aclararse públicamente.

Más allá de los dimes y diretes, algo sí parece claro: la política de telecomunicaciones y radiodifusión se ha limitado, hasta ahora, a establecer las bases para que dos de los más fuertes competidores de Telmex, Telefónica Movistar y Televisa, incrementen su presencia en el mercado de las telecomunicaciones. Lo demás, es decir, la radio y la televisión abiertas parecen no importar demasiado, como si ahí no hubiese oligopolios ni problemas de competencia. Tampoco importa impulsar o al menos promover un nuevo marco jurídico que atienda los criterios de la Corte en la sentencia de la “ley Televisa”, mucho menos incentivar las redes de investigación, por ejemplo Internet 2, a través de redes como las que ahora pone en bandeja de plata el gobierno.

La estrecha visión de Estado que prevalece en las telecomunicaciones se manifiesta, también, con la celebración por licitaciones como las descritas y en el desdén hacia otros asuntos relevantes del sector, como el reciente plantón de los representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a la presentación del Manual para el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena, que se llevó a cabo el pasado martes.

Además del plantón, el senador Carlos Sotelo denunció ahí el retraso intencional del gobierno federal para no entregar alrededor de 140 solicitudes de permisos para radiodifusoras indígenas y comunitarias, de universidades públicas, así como para televisión de gobiernos locales y del propio Congreso, que han cumplido con todos sus trámites para operar las frecuencias. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con otros actores, el gobierno no responde estos reclamos.