viernes, 12 de junio de 2009

Ley Televisa: novedades, refrendos e intereses


Columna radiofónica “Telecom y Medios”

Noticiario “Pulso de la Mañana”, Radio Educación

12 de junio 2009

Por Gabriel Sosa Plata

En el 2007, pidió al Congreso ignorar la sentencia de la Corte contra la ley Televisa; dos años después, en 2009, se apoya en el mismo documento para ampararse contra los refrendos de las 131 concesiones de frecuencias de radio que ha otorgado sin licitación el gobierno de Felipe Calderón. A los radiodifusores que defendía ahora los desafía con este recurso jurídico.

Gerardo Soria Gutiérrez, en su calidad de asesor jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), fue un activo defensor de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, mejor conocida como “ley Televisa”. Sin embargo, su defensa y activismo, como la de muchos otros actores, no fue suficiente para evitar que la Corte considerara inconstitucionales algunos artículos de la reforma impugnada por 47 senadores.

Fue entonces que el abogado, en representación de los empresarios miembros de la CIRT, pidió al Congreso no atender la sentencia de la Corte. El 30 de octubre de 2007, durante las audiencias a las que convocó el Senado para trabajar en la reforma a la legislación de medios, dijo que “el Poder Legislativo no fue ni es ni puede ser sujeto de una condena para acatar el fallo de la Suprema Corte, atendiendo el principio de división de poderes”. Y agregó: “Si llegaran a existir coincidencias o no entre el pensamiento de los señores ministros y el pensamiento político de los diputados y senadores, ello no implica automáticamente que eso deba llevar también a confirmar lo dicho por los señores ministros durante sus exposiciones”.

El año pasado, el gobierno de Felipe Calderón, en una polémica interpretación de la ley, decidió refrendar 131 concesiones de radio sin ajustarse al proceso de licitación que determinó la Corte al vencimiento de las mismas, tal como en su momento comentamos en el periódico El Universal (22 de julio 2008 y 6 de enero 2009).

Fue entonces que en nombre y representación de la empresa Drakkar Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Gerardo Soria presentó un amparo ante el Juzgado del Tercer Distrito en Materia Administrativa en contra de los más altos funcionarios de la SCT y la Cofetel, así como del director del Diario Oficial de la Federación, por el “inminente refrendo de concesiones en materia de radio y televisión sin sujetarse al procedimiento de licitación previsto por la Ley Federal de Radio y Televisión, sustentado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los considerandos que se contienen en la Sentencia de la Suprema Corte 26/2006”.

En su demanda, Gerardo Soria argumenta que el refrendo de concesiones sin respetar la legislación afecta a su empresa “en su carácter de persona dedicada a la industria de las telecomunicaciones”, ya que le impide que “sea considerada mediante licitación pública como un posible concesionario en la materia referida”. Es decir, el reconocido abogado tiene el objetivo de participar, a través de Drakkar, en las licitaciones de las concesiones cuyos plazos concluyeron, pero como no se respetó ese procedimiento, decidió ampararse.

En el documento, expone ampliamente que los refrendos sin licitación violan sus garantías individuales de igualdad y no discriminación, de audiencia y seguridad jurídica, así como de libertad de expresión.

Sobre este último tema, concluye, vaya paradoja, con una idea coincidente con quienes apoyamos a la radio comunitaria: “las autoridades responsables –dice Soria- establecen limitaciones y prohibiciones que inciden negativamente en el ejercicio de la libertad de la libertad de expresión en sus dos dimensiones individual y colectiva, pues no le permiten a la quejosa acceder a los medios de comunicación social, en lo específico a la posibilidad de obtener una concesión en materia de radio y televisión, con base en los lineamientos de la ley que rige la materia”.

¿Cómo leer el amparo del defensor de “ley Televisa”, que cuestionó a los ministros y que ahora reclama de la autoridad llevar a cabo las licitaciones tal y como lo determinó el pleno de la Corte? ¿qué hay detrás de los intereses de una empresa como Drakkar Telecomunicaciones, de la cual no hay mucha información, ni siquiera en Internet, sobre sus objetivos y propósitos? ¿o será que el excomisionado de la Cofetel cambió de parecer y ahora asume como propias las demandas de quienes hemos cuestionado los refrendos sin licitación, con el solo interés de democratizar el espectro radioeléctrico?

Vaya usted a saber. Por lo pronto se nos ha informado que el amparo se desechó en mayo de 2009 por improcedente y al parecer en estos días el abogado habría presentado el recurso de revisión. Y mientras el amparo sigue su curso, el gobierno calderonista busca refrendar otras 130 concesiones de radio que ya vencieron, pero el tema polémico es, una vez más, el de la licitación. La judicialización del sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones parece ya una constante. Qué pena, el país sigue en campaña.


TV DIGITAL: ADIÓS A LA TECNOLOGÍA ANALÓGICA


Y como se sabe, el viernes 12 de junio quedará marcado en la historia de la comunicación al darse el apagón analógico de la televisión en Estados Unidos. A partir de ahora sólo operará la televisión digital. Sin embargo, se calcula que hasta febrero de este año unos 3.1 millones de hogares no estaban en condiciones de recibir el nuevo servicio.

En Estados Unidos funcionan unas 1760 estaciones de televisión, de las cuales la mitad ya transmitían sólo en digital. El cambio tecnológico liberará un espectro muy importante que será utilizado para servicios inalámbricos de Internet y de nueva generación, cuya licitación generará ingresos muy importantes para el gobierno estadounidense.

En México, el apagón analógico está previsto para el año 2021. En diferentes foros hemos insistido en la necesidad de reformar el Acuerdo de política de televisión digital, aprobado de manera sigilosa en 2004, porque algunos de sus artículos son inconstitucionales, como lo dijo el ministro Genaro David Góngora Pimentel, y porque desde entonces la tecnología ha avanzado con servicios de canales multiplexeados como el que ahora promueve Televisión Azteca con HiTV. Sin embargo, el gobierno y los legisladores siguen sin modernizar el marco legal y sin impulsar la competencia de la radio y la televisión.

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