Por Gabriel Sosa Plata
Publicado en El Universal, Finanzas, 20 de febrero de 2007
Una nueva disputa se presenta en el ya de por sí impetuoso sector de las telecomunicaciones: la venta de Satélites de México (Satmex). En la Cámara de Diputados se trabaja desde hace algunos días un dictamen para adicionar y reformar algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), con el objetivo de dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de mayores atribuciones “en los procesos de transmisión, enajenación, cesión y venta de acciones representativas del capital social en sociedades de concesionarias de comunicación vía satélite”.
El documento tiene un propósito muy claro: regular de forma mucho más estricta la venta de Satmex, cuya operación, de acuerdo con Thomas Heather, miembro del Consejo de Administración de esta compañía, se prevé concluya antes de mediados de este año.
Bajo el argumento de preservar “la soberanía nacional” y la “rectoría del Estado”, en el documento se establecen más requisitos para quienes adquieran la empresa (plan de negocios, liquidez, capacidad de endeudamiento, capacidad administrativa, entre otros). También busca evitar que mediante la simulación jurídica por esquemas de piramidación o inversión neutra, los extranjeros puedan tener el control corporativo y de voto en la administración de Satmex, no obstante que la ley sólo les permite poseer el 49 por ciento de las acciones.
La iniciativa, presentada por la diputada del PRI, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, ya aprobada por la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara baja, ha generado suspicacias y dudas. Una de ellas es que la legisladora que la impulsó no ha tenido en su trayectoria ningún tipo de relación con el sector de las telecomunicaciones, lo cual recuerda mucho la manera en cómo se originó la Ley Televisa. De ahí que algunos legisladores no hayan otorgado “a ciegas” su firma al dictamen.
Otro punto polémico tiene que ver con la inclusión de un artículo, el 30-C, en el cual se hace una fotografía de las personas físicas o morales que sólo estarán en condiciones de adquirir la empresa. Por ejemplo, se establece que deben “tener experiencia y capacidad probada en la operación y/o comunicación vía satélite” y “contar con un socio mexicano que tenga relación o relaciones convencionales o contractuales, directa o indirectamente, con una o varias empresas vinculadas con la operación de redes de telecomunicaciones en nuestro país respecto a las comunicaciones vía satélite”.
También se exige “que los interesados o adquirientes no sean bancos de inversión o fondos de inversión que simplemente tengan como objetivo la especulación para maximizar la inversión a través de la emisión de papel de deuda que les permita un rápido retorno del capital invertido”.
Reforma particularizada
En diversos ámbitos se considera que esta reforma tuvo su autoría en alguna de las empresas mexicanas actualmente interesadas en Satmex y que cumplirían con la fotografía descrita anteriormente. ¿Medcom, de Clemente Serna? ¿Alejandro Burillo, socio de Panamsat, subsidiaria de Intelsat? ¿el mismo Carlos Slim?
La SCT ha comenzado a llevar a cabo un intenso cabildeo con los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para manifestar su rechazo al dictamen, bajo el argumento de que constituyen barreras de acceso al mercado mexicano. También consideran que inhibiría la inversión extranjera y mexicana en el sector satelital al exigir una gran cantidad de requisitos a los posibles adquirientes de Satmex, lo cual contraviene, además, el derecho a la confidencialidad plasmado en la Ley de Sociedades Mercantiles.
Pero quizás lo más delicado en su opinión es que en caso de aprobarse ese dictamen, habría una reestructuración de la deuda de Satmex y una reducción en el precio de sus acciones como consecuencia de las limitaciones que se imponen a los posibles interesados, sobre todo los extranjeros.
En la SCT se asegura que en el proceso de consultas para la elaboración del dictamen, esta dependencia no fue tomada en cuenta. También fue ignorada la Cofetel, aunque ésta ya envió su opinión haciendo sólo algunas sugerencias que no cambian de manera importante el sentido del dictamen (como ya se ha hecho costumbre, la SCT y la Cofetel tienen visiones muy distintas sobre la manera en que debe desarrollarse el sector).
El proceso de venta de Satmex se prevé iniciarlo este mes. A pesar de sus dificultades financieras, la empresa tiene postores importantes: firmas satelitales como Intelsat, Eutelsat, Loral Telesat, SES Global e Hispasat, así como fondos internacionales (cuestionados en el dictamen) como Blackstone, KKR y Serberus. Por parte de México, además de Clemente Serna, Alejandro Burillo y Carlos Slim, se menciona a Miguel Alemán, a Moisés Saba, a Olegario Vázquez Raña y a Joaquín Vargas. La firma Morgan Stanley es la encargada del proceso de venta. El valor de la compañía es de unos 550 millones de dólares.
El dictamen, al que sólo le hacen falta algunas firmas para presentarlo ante el pleno de los diputados para su votación, pone en la mesa del debate hasta dónde el Estado mexicano está dispuesto a abrir todavía mucho más su sector de telecomunicaciones (como lo desea el gobierno calderonista), sin perder rectoría ni soberanía sobre el espectro radioeléctrico y las órbitas geoestacionarias y/o satelitales. El problema está en el verdadero origen del documento y, al parecer, su contraposición a diversos ordenamientos legales. Qué bueno que el Congreso está tomando cartas en el asunto.
Foro internacional sobre convergencia
El 26 de febrero se llevará a cabo el Foro Internacional sobre Concentración o Pluralidad: el Reto de la Convergencia Tecnológica, en el que participarán Roberto Rock, de El Universal; Javier Corral, de AMEDI; Rafael del Villar, de la SCT; Eduardo Pérez Motta, de la Comisión Federal de Competencia; los senadores Carlos Sotelo, Ricardo García Cervantes y Carlos Jiménez Macías; Raúl Trejo Delarbre, Salma Jalife y Fátima Fernández, de la UNAM; Rosalía Winocur, de la UAM, entre otros. Convocan la UAM, El Universal, la AMEDI, la Fundación Honrad Adenauer y la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación. La cita es a partir de las 9:30 horas en el Auditorio de la Rectoría General de la UAM.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa
El documento tiene un propósito muy claro: regular de forma mucho más estricta la venta de Satmex, cuya operación, de acuerdo con Thomas Heather, miembro del Consejo de Administración de esta compañía, se prevé concluya antes de mediados de este año.
Bajo el argumento de preservar “la soberanía nacional” y la “rectoría del Estado”, en el documento se establecen más requisitos para quienes adquieran la empresa (plan de negocios, liquidez, capacidad de endeudamiento, capacidad administrativa, entre otros). También busca evitar que mediante la simulación jurídica por esquemas de piramidación o inversión neutra, los extranjeros puedan tener el control corporativo y de voto en la administración de Satmex, no obstante que la ley sólo les permite poseer el 49 por ciento de las acciones.
La iniciativa, presentada por la diputada del PRI, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, ya aprobada por la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara baja, ha generado suspicacias y dudas. Una de ellas es que la legisladora que la impulsó no ha tenido en su trayectoria ningún tipo de relación con el sector de las telecomunicaciones, lo cual recuerda mucho la manera en cómo se originó la Ley Televisa. De ahí que algunos legisladores no hayan otorgado “a ciegas” su firma al dictamen.
Otro punto polémico tiene que ver con la inclusión de un artículo, el 30-C, en el cual se hace una fotografía de las personas físicas o morales que sólo estarán en condiciones de adquirir la empresa. Por ejemplo, se establece que deben “tener experiencia y capacidad probada en la operación y/o comunicación vía satélite” y “contar con un socio mexicano que tenga relación o relaciones convencionales o contractuales, directa o indirectamente, con una o varias empresas vinculadas con la operación de redes de telecomunicaciones en nuestro país respecto a las comunicaciones vía satélite”.
También se exige “que los interesados o adquirientes no sean bancos de inversión o fondos de inversión que simplemente tengan como objetivo la especulación para maximizar la inversión a través de la emisión de papel de deuda que les permita un rápido retorno del capital invertido”.
Reforma particularizada
En diversos ámbitos se considera que esta reforma tuvo su autoría en alguna de las empresas mexicanas actualmente interesadas en Satmex y que cumplirían con la fotografía descrita anteriormente. ¿Medcom, de Clemente Serna? ¿Alejandro Burillo, socio de Panamsat, subsidiaria de Intelsat? ¿el mismo Carlos Slim?
La SCT ha comenzado a llevar a cabo un intenso cabildeo con los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para manifestar su rechazo al dictamen, bajo el argumento de que constituyen barreras de acceso al mercado mexicano. También consideran que inhibiría la inversión extranjera y mexicana en el sector satelital al exigir una gran cantidad de requisitos a los posibles adquirientes de Satmex, lo cual contraviene, además, el derecho a la confidencialidad plasmado en la Ley de Sociedades Mercantiles.
Pero quizás lo más delicado en su opinión es que en caso de aprobarse ese dictamen, habría una reestructuración de la deuda de Satmex y una reducción en el precio de sus acciones como consecuencia de las limitaciones que se imponen a los posibles interesados, sobre todo los extranjeros.
En la SCT se asegura que en el proceso de consultas para la elaboración del dictamen, esta dependencia no fue tomada en cuenta. También fue ignorada la Cofetel, aunque ésta ya envió su opinión haciendo sólo algunas sugerencias que no cambian de manera importante el sentido del dictamen (como ya se ha hecho costumbre, la SCT y la Cofetel tienen visiones muy distintas sobre la manera en que debe desarrollarse el sector).
El proceso de venta de Satmex se prevé iniciarlo este mes. A pesar de sus dificultades financieras, la empresa tiene postores importantes: firmas satelitales como Intelsat, Eutelsat, Loral Telesat, SES Global e Hispasat, así como fondos internacionales (cuestionados en el dictamen) como Blackstone, KKR y Serberus. Por parte de México, además de Clemente Serna, Alejandro Burillo y Carlos Slim, se menciona a Miguel Alemán, a Moisés Saba, a Olegario Vázquez Raña y a Joaquín Vargas. La firma Morgan Stanley es la encargada del proceso de venta. El valor de la compañía es de unos 550 millones de dólares.
El dictamen, al que sólo le hacen falta algunas firmas para presentarlo ante el pleno de los diputados para su votación, pone en la mesa del debate hasta dónde el Estado mexicano está dispuesto a abrir todavía mucho más su sector de telecomunicaciones (como lo desea el gobierno calderonista), sin perder rectoría ni soberanía sobre el espectro radioeléctrico y las órbitas geoestacionarias y/o satelitales. El problema está en el verdadero origen del documento y, al parecer, su contraposición a diversos ordenamientos legales. Qué bueno que el Congreso está tomando cartas en el asunto.
Foro internacional sobre convergencia
El 26 de febrero se llevará a cabo el Foro Internacional sobre Concentración o Pluralidad: el Reto de la Convergencia Tecnológica, en el que participarán Roberto Rock, de El Universal; Javier Corral, de AMEDI; Rafael del Villar, de la SCT; Eduardo Pérez Motta, de la Comisión Federal de Competencia; los senadores Carlos Sotelo, Ricardo García Cervantes y Carlos Jiménez Macías; Raúl Trejo Delarbre, Salma Jalife y Fátima Fernández, de la UNAM; Rosalía Winocur, de la UAM, entre otros. Convocan la UAM, El Universal, la AMEDI, la Fundación Honrad Adenauer y la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación. La cita es a partir de las 9:30 horas en el Auditorio de la Rectoría General de la UAM.
Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa
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