Por Gabriel Sosa Plata
Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 8 de mayo 2007
“¿Tienes el valor o te vale?” es el slogan de una intensa campaña que la Fundación Televisa lleva a cabo desde el 2002 (año, por cierto, del famoso “decretazo” promovido por el mismo consorcio televisivo para dar término al tiempo fiscal del 12.5% y aumentar sus privilegios en la transmisión de publicidad) para “atacar la causa de los graves problemas que enfrentamos y no sólo sus consecuencias”.
Uno de los últimos spots de esa campaña promovió el valor de la “honestidad” y pedía a los ciudadanos denunciar a los corruptos y a los ladrones. Paradójicamente, esa campaña se continuaba difundiendo cuando Televisa presionaba (sus emisarios decían que se trataba de “cabildeo”) a senadores, radiodifusores, empresarios de la televisión por cable y de las telecomunicaciones para apoyar la reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones (conocida como ley Televisa).
A una importante cantidad de sectores representativos de la sociedad no les “valió” y tuvieron el valor de denunciar el despojo que se estaba gestando del espectro radioeléctrico, la falta de equidad en el acceso a la convergencia tecnológica, el fortalecimiento del duopolio de la televisión en detrimento de la competencia y la pluralidad en el sector, así como las implicaciones políticas que estaban en juego con la aprobación de esa contrarreforma.
A pesar de la fuerte oposición, la contrarreforma fue aprobada, después de una intensa jornada en el Senado. Ampliamente documentados están los mecanismos de “negociación” que utilizó Televisa para que la ley lograra el voto mayoritario favorable de los senadores y, antes, de los diputados. Todos los candidatos a la presidencia y dirigentes de los partidos políticos también estuvieron dispuestos a complacer el consorcio televisivo, bajo el intenso calor de las campañas políticas.
Sobre la también llamada “operación torniquete” hubo diversos testimonios, pero ahora basta de ejemplo lo que dijo la semana pasada el mismo Santiago Creel, el exsecretario de Gobernación quien alimentó a la insaciable empresa televisiva con 130 permisos para operar centros de apuestas y que fue actor determinante del “decretazo” del 2002: “Fue más bien una imposición que una negociación”, dijo Creel sobre la ley Televisa. “Es tiempo de rectificación”, agregó. (Proceso, 6 de mayo 2007)
Tras el aval del ahora expresidente Vicente Fox, la contrarreforma puso en evidencia la debilidad de la democracia mexicana. La democracia no sólo tiene que ver con procesos electorales limpios, sino con procesos transparentes y democráticos en la deliberación y toma de decisiones. Cuando un sector (en este caso un poder fáctico en consolidación) impone su ley, la democracia se resquebraja. Por eso es que también a un grupo de 47 senadores tampoco les valió y presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa que, a más de un año, será analizado por la Suprema Corte de Justicia.
Por lo pronto y a pesar de los malos augurios iniciales filtrados hace unos días a La Jornada, el anteproyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es alentador. Considera inconstitucionales los artículos 16, 17-G, 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión. Uno de los más importantes de todos ellos es el 28, “la nuez del plan de negocios”, como dijera el exsenador Javier Corral, y que aquí como en muchos otros espacios se denunció por tratarse del que más privilegios otorgaba al duopolio de la televisión.
Campañas en contra
La maquinaria del “cabildeo” y de la desinformación de las televisoras y empresas afines ya se echó a andar con dos objetivos fundamentales: uno, influir a los ministros con el propósito de que se opongan al proyecto de sentencia de la contrarreforma; el otro, presentarse como víctimas de una persecución política al afirmar que ese documento pone en riesgo la independencia de los medios.
Justo este fin de semana, el organismo “representativo” de los empresarios del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, dominada por Televisa), lanzó una intensa campaña para manifestar su rechazo a la acción de inconstitucionalidad bajo el argumento de que es un atentado en contra de la libertad de expresión. El mismo argumento utilizado cuando se discutía la reforma, ésta sí a favor de la pluralidad y el acotamiento de las empresas dominantes, impulsada por la subcomisión de radio y televisión del Senado.
Seguramente, en los próximos días, el duopolio de la televisión hará una campaña más intensa, camuflajeada o no de información, para oponerse al proyecto del ministro Aguirre Anguiano. La desinformación, característica de las televisoras cuando se ponen en riesgo sus intereses (caso Stanley, tercera cadena de tv, ley Televisa, etc.), será una de las constantes durante las siguientes tres semanas. El poder fáctico hará sentir su peso en el Estado mexicano.
La Corte ya anunció que del 14 al 18 de mayo se ocupará exclusivamente de este caso. El 21 de mayo consultará a expertos de la UNAM y del IPN para que opinen sobre el proyecto. Será de fundamental importancia que las personas designadas para ello, independientemente de ser conocedores de las materias involucradas en el asunto, sean autónomas y no tengan relación laboral ni empresas de consultoría al servicio de cualquiera de los actores involucrados. Esto debemos recalcarlo porque durante la discusión de la contrarreforma hubo personajes que se ostentaban como académicos pero en realidad trabajaban para Televisa.
¿Tienes el valor o te vale? La importante cantidad de organizaciones, instituciones y personas que nos oponemos a la ley Televisa confiamos que la Corte actuará conforme a derecho y tendrá el valor de enfrentar la presión que dentro y fuera de ese recinto judicial recibirán sus ministros. Su sentencia será fundamental en cuanto al equilibrio de poderes en México, pero como afirma Miguel Ángel Granados Chapa sería apenas un paliativo de la sociedad frente a los intereses del duopolio.
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com
Uno de los últimos spots de esa campaña promovió el valor de la “honestidad” y pedía a los ciudadanos denunciar a los corruptos y a los ladrones. Paradójicamente, esa campaña se continuaba difundiendo cuando Televisa presionaba (sus emisarios decían que se trataba de “cabildeo”) a senadores, radiodifusores, empresarios de la televisión por cable y de las telecomunicaciones para apoyar la reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones (conocida como ley Televisa).
A una importante cantidad de sectores representativos de la sociedad no les “valió” y tuvieron el valor de denunciar el despojo que se estaba gestando del espectro radioeléctrico, la falta de equidad en el acceso a la convergencia tecnológica, el fortalecimiento del duopolio de la televisión en detrimento de la competencia y la pluralidad en el sector, así como las implicaciones políticas que estaban en juego con la aprobación de esa contrarreforma.
A pesar de la fuerte oposición, la contrarreforma fue aprobada, después de una intensa jornada en el Senado. Ampliamente documentados están los mecanismos de “negociación” que utilizó Televisa para que la ley lograra el voto mayoritario favorable de los senadores y, antes, de los diputados. Todos los candidatos a la presidencia y dirigentes de los partidos políticos también estuvieron dispuestos a complacer el consorcio televisivo, bajo el intenso calor de las campañas políticas.
Sobre la también llamada “operación torniquete” hubo diversos testimonios, pero ahora basta de ejemplo lo que dijo la semana pasada el mismo Santiago Creel, el exsecretario de Gobernación quien alimentó a la insaciable empresa televisiva con 130 permisos para operar centros de apuestas y que fue actor determinante del “decretazo” del 2002: “Fue más bien una imposición que una negociación”, dijo Creel sobre la ley Televisa. “Es tiempo de rectificación”, agregó. (Proceso, 6 de mayo 2007)
Tras el aval del ahora expresidente Vicente Fox, la contrarreforma puso en evidencia la debilidad de la democracia mexicana. La democracia no sólo tiene que ver con procesos electorales limpios, sino con procesos transparentes y democráticos en la deliberación y toma de decisiones. Cuando un sector (en este caso un poder fáctico en consolidación) impone su ley, la democracia se resquebraja. Por eso es que también a un grupo de 47 senadores tampoco les valió y presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa que, a más de un año, será analizado por la Suprema Corte de Justicia.
Por lo pronto y a pesar de los malos augurios iniciales filtrados hace unos días a La Jornada, el anteproyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es alentador. Considera inconstitucionales los artículos 16, 17-G, 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión. Uno de los más importantes de todos ellos es el 28, “la nuez del plan de negocios”, como dijera el exsenador Javier Corral, y que aquí como en muchos otros espacios se denunció por tratarse del que más privilegios otorgaba al duopolio de la televisión.
Campañas en contra
La maquinaria del “cabildeo” y de la desinformación de las televisoras y empresas afines ya se echó a andar con dos objetivos fundamentales: uno, influir a los ministros con el propósito de que se opongan al proyecto de sentencia de la contrarreforma; el otro, presentarse como víctimas de una persecución política al afirmar que ese documento pone en riesgo la independencia de los medios.
Justo este fin de semana, el organismo “representativo” de los empresarios del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, dominada por Televisa), lanzó una intensa campaña para manifestar su rechazo a la acción de inconstitucionalidad bajo el argumento de que es un atentado en contra de la libertad de expresión. El mismo argumento utilizado cuando se discutía la reforma, ésta sí a favor de la pluralidad y el acotamiento de las empresas dominantes, impulsada por la subcomisión de radio y televisión del Senado.
Seguramente, en los próximos días, el duopolio de la televisión hará una campaña más intensa, camuflajeada o no de información, para oponerse al proyecto del ministro Aguirre Anguiano. La desinformación, característica de las televisoras cuando se ponen en riesgo sus intereses (caso Stanley, tercera cadena de tv, ley Televisa, etc.), será una de las constantes durante las siguientes tres semanas. El poder fáctico hará sentir su peso en el Estado mexicano.
La Corte ya anunció que del 14 al 18 de mayo se ocupará exclusivamente de este caso. El 21 de mayo consultará a expertos de la UNAM y del IPN para que opinen sobre el proyecto. Será de fundamental importancia que las personas designadas para ello, independientemente de ser conocedores de las materias involucradas en el asunto, sean autónomas y no tengan relación laboral ni empresas de consultoría al servicio de cualquiera de los actores involucrados. Esto debemos recalcarlo porque durante la discusión de la contrarreforma hubo personajes que se ostentaban como académicos pero en realidad trabajaban para Televisa.
¿Tienes el valor o te vale? La importante cantidad de organizaciones, instituciones y personas que nos oponemos a la ley Televisa confiamos que la Corte actuará conforme a derecho y tendrá el valor de enfrentar la presión que dentro y fuera de ese recinto judicial recibirán sus ministros. Su sentencia será fundamental en cuanto al equilibrio de poderes en México, pero como afirma Miguel Ángel Granados Chapa sería apenas un paliativo de la sociedad frente a los intereses del duopolio.
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com
En El Universal:
8 comentarios:
La Suprema o la Tremenda Corte
Esta es una historia un poco larga, pero que ilustra la forma en que ha venido operando el Poder Judicial en todo el país:
A fines de octubre de 1986 un escándalo de pederastia cimbró a la sociedad acapulqueña. Merle Yuridia Mondain, de seis años, fue encontrada ultrajada y descuartizada. El culpable, Alejandro Braun Díaz, hijo de un prominente empresario local, en medio de una crisis provocada por las drogas, reconoció ser el autor del crimen. El poder judicial del Estado de Guerrero lo sentenció, entonces a 30 años de prisión.
La familia del llamado “chacal de Acapulco”, según los trascendidos del momento, contrató los servicios del abogado Enrique Fuentes León, sí el mismo que hace unos años fue visto acompañando a Manuel Muñoz Rocha, de estar relacionado con Guillermo González Calderoni y que fue aprendido por el caso Nelly Campobello. Este abogado de Alejandro Braun Díaz buscó la forma de obtener la libertad de su hijo. Es así como el abogado mediante un truculento y bien planeado juego sucio de la justicia, sobornó a dos magistrados, Eufemio Zamudio Alemán y Gilberto Arredondo, así como al ministro Ernesto Díaz Infante, con el fin de lograr la libertad del criminal, lo que ocurrió el 8 de diciembre de 1988. El abogado en plena madrugada sacó al “Chacal” lo llevó en un helicóptero de Acapulco al Aeropuerto de la Ciudad de México y de aquí a Guatemala, de ahí a Chile, cuando Pinochet aún era el dictador.
El escándalo subió de nivel, a pesar de que era periodo vacacional en todo el país. En 1989 el gobernador José Francisco Ruiz Massieu instruyó al abogado Xavier Olea para que coadyuvara a los trabajos del Ministerio Público y se determinara si había existido corrupción en este caso. El abogado recorrió cada punto de encuentro de los ministros y el abogado Fuentes León y viajó a Sudamérica para hallar evidencias sobre la corrupción y el paradero del Chacal. Y las encontró.
Era el primer gran escándalo de corrupción comprobada en el Poder Judicial. Pero los responsables nunca fueron sancionados por este hecho. El ministro Díaz Infante fue detenido hasta el 20 de junio de 2001 en San Antonio, Texas, donde vivía con su hijo y, aunque no lo crean, hasta su muerte, apenas el año pasado, seguía recibiendo su pensión vitalicia del Poder Judicial de la Federación, porque así lo estable la ley. Esperaba la segunda sentencia por haber recibido un soborno de 500 mil dólares de la familia Braun.
Alejandro Braun Díaz, el Chacal el Chacal de Acapulco, nunca más fue visto, aunque Xavier Olea señala que pudo haberse refugiado en Argentina o en Chile, donde cambiaría de identidad y había sido protegido por las dictaduras impuestas por los estadounidenses (demócratas y republicanos, por igual).
Enrique Fuentes León perseguido por el delito de cohecho, en 1989 huyó a Chile y vivió en el fraccionamiento de Locurro, muy cerca de la casa de Augusto Pinochet. Después va Estados Unidos y es detenido el 28 de diciembre 1994, en compañía de Manuel Muñoz Rocha, el presunto autor intelectual del ex gobernador Ruiz Massieu. Al año siguiente, cuando es deportado a México el delito de cohecho, éste ha prescrito y no es sino hasta el caso Campobello cuando finalmente la justicia lo hace preso y lo inhabilita, aunque su despacho siga operando.
Esta historia no es extrañarse. Así es como ha venido operando el poder judicial en cada una de las entidades y en la federación éste fue el escándalo más fuerte del que se tenga memoria. Las cárceles están repletas de inocentes, de pobres, de indígenas y de ignorantes que desconocen las litis de sus propios casos. En los Estados Unidos, miles de afroamericanos y latinoamericanos pasan por la misma situación.
En estos días han llamado la atención de los casos de las sentencias de líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de Carlos Ahumada Kurtz. Sin embargo, qué podemos decir del pasado inmediato.
Casi muerto el presidencialismo mexicano – más por el desuso del foxismo que por una nueva etapa en el país— la actitud supuestamente independiente del Poder Judicial provoca extrañeza entre los diversos actores: sus resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo son más frecuentes; sus decisiones colegiadas a veces muy divididas y polémicas; sus integrantes son cada vez más protagónicos y, supuestamente, están vinculados a actores externos a este Poder. Con Mariano Azuela, el Poder Judicial, incluso, marcó algunas pautas en la agenda política que modificaron el ambiente de la competencia por la Presidencia de la República. Aún más, el Poder Judicial ya decide sobre la vida interna de los partidos políticos y la viabilidad de las propuestas electorales.
En los últimos años, el Poder Judicial ha tenido que decidir sobre temas de alta relevancia y por los cuales se le ha acusado de parcialidad y sometimiento a los intereses políticos o económicos de una de las partes en conflicto. Entre los más conspicuos se encuentran la legalización del anatocismo, los famosos intereses sobre intereses de la banca transnacional; el proceso de desafuero del jefe de Gobierno; la vigencia a los presuntos crímenes cometidos por el gobierno de Luis Echeverría en la manifestación del 10 de junio de 1971; y la entrada al amparo a favor de Raúl Salinas de Gortari. Las determinaciones tomadas por el PJF han sufrido la descalificación de los partidos políticos –a veces de unos, a veces de otros— que responden virulentamente para exigir la revisión de la actuación de jueces y magistrados.
Por si fuera poco, la ola de la narcoviolencia magnifica el protagonismo del Poder Judicial, pues los gobiernos federal, del DF, estatales y municipales han señalado los casos de jueces corrompidos por el narcotráfico. Todos ellos exigen una respuesta del Consejo de la Judicatura, ya que éste funge como órgano de control del Poder Judicial; pero el Consejo nunca ha condenado a un solo impartidor de justicia en este punto.
Este día el Poder Judicial de la federación inicia la revisión de una de las leyes más nefastas y contrarias al interés del Estado mexicano: la llamada “ley Televisa”. Su decisión, cualquiera que sea, tendrá elementos clave para entender hacia dónde caminarán las reformas políticas y judiciales, y sobre todo, pondrá a prueba el valor de los magistrados ante el poder fáctico de los grandes consorcios de la radio y televisión de nuestro país. Esperamos, muchos, que este sea un paso positivo y sea la señal de que el Poder Judicial tiene voluntad de modernizarse y de reformarse para bien de los mexicanos.
alexiaximena@aol.com
Saludos todos,
Acabo de realizar una busqueda en Google, +Televisa +Cablemas
http://news.google.com/news?hl=es&ned=es_mx&q=televisa+Cablem%C3%A1s&btnG=Buscar+en+Noticias
Solo una nota, la que pegue abajo, sobre este asunto.
NINGUN tema es mas importante para la democracia, y, por ende, para salir de la mediocridad, que la pluralidad en los medios.
En EEUU, si los Democratas hubieran tenido que lidiar con medios tan Derechista como Televisa y Azteca, jamas hubieran logrado revertir el plan de Bush para privatizar el Seguro Social, como lo logro FC aqui.
Osea, sin medios objetivos masivos (osea, TV abierta en Mexico) no puede haber una verdadera diferencia de opinion, ya que los medios, Televisa y Azteca, siempre apoyoaran a la Derecha.
Por eso es tan importante que la CFC no deje que Televisa compre CableMas.
Desafortunadamente, a muy pocos reporteros y columnistas realmente les interesa lograr un Mexico prospero.
Que lastima.
Patricia
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http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200705101553_TRR_34393549
Jueves, 10 de Mayo de 2007, 11:53hs
Fuente: Terra
Empresas
Ya viene resolución de CFC para compra de Cablemás
MEXICO, Mayo. 10.- El Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) se reunirá próximamente para resolver sobre la adquisición de Cablemás por parte de Grupo Televisa S.A. de C.V (BMV: TLEVISA), el procedimiento en curso ya está notificado y sólo espera la decisión, comentaron a Prensa de Negocios directivos del organismo antimonopolios.
Agregaron paralelamente a este caso, están en marcha las resoluciones en cuanto a convergencia plena y la opinión del organismo de que en primera instancia las telefónicas deberían ofrecer la interconexión y la portabilidad numérica para proveer el servicio de televisión por cable.
"Esto debido a que si una empresa dentro de la industria del cable desea entrar al mercado telefónico, se encontrará con que la gente no quiere cambiar de número telefónico, demandando la portabilidad numérica", explicó una de las fuentes consultadas de la CFC.
En este sentido, dijo, es conveniente que las telefónicas entren al mercado de televisión restringida y las cableras a la telefonía, aunque en cada industria existen conductas que pueden llegar a ser barreras a la entrada de un nuevo jugador en el mercado.
Y justamente lo que el organismo que preside Eduardo Pérez Mota desea es que el manejo de contenidos no sea un obstáculo para que las telefónicas puedan brindar televisión restringida y que el manejo de portabilidad e interconexión no impida a las cableras entrar al mercado telefónico.
Por ello, la conveniencia de que las telefónicas den acceso a las televisoras restringidas y que las cableras hagan lo propio con telefónicas, esto a fin de exista un entorno favorable para la competencia y se eviten cuestiones de concentración excesiva.
Finalmente las fuentes de la CFC se pronunciaron a favor de que se implemente la portabilidad numérica de tal modo que se garantice la interconexión de los operadores de cable y una vez que éstos tengan efectivamente acceso, las televisoras puedan entrar a ofrecer telefonía.
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ALERTA A TODOS LOS OPOSITORES A LA NEFASTA LEY TELEVISA:
Este día, en el matutino de TV Azteca, al más puro estilo gansteril de su mandamás editorial, el priísta Tristán Canales, el lector de notas Ramón Fregoso se lanzó un discurso que ni él entendió contra las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo en primer plano al ministro Aguirre Anguiano.
Curioso, pero no, es el principio de la guerra sucia que han comenzado a lanzar los aztecos contra la SCJN a la par del cinisto de Televisa con su campaña de intimidación en la CIRT.
No debemos permitir que estos intereses pasen por encima de todos los mexicanos. Jorge Mendoza es senador del PRI por Nuevo León, pero su patrón es Ricardo Salinas Pliego. Emilio Gamboa, el "papito" amigo del pederasta Zuccar Kuri, también hará valer su peso político en el Congreso.
Los priístas han puesto sobre la mesa la defensa de su triunfo en Yucatán a cambio de apoyar las próximas reformas, entre ellas las del Estado. Pero ahora sin duda pondrán la defensa de la nefasta y retardaria "ley Televisa".
A todos aquellos que tienen acceso a los medios, que son líderes de opinión, que han mantenido una posición digna y autónoma, es momento de no quedarse callados. Es momento de asestarle un golpe a los poderes fácticos.
Presiones por varios frentes. Vamos a exigir al Frente Amplio Progresista, a los pocos demócratas con valor que quedan en el PAN y el PRI a que defiendan los intereses de la nación ante el poderío de las televisoras y de las transnacionales que quieren una Comisión Federal de Competencia a su modo y conveniencia.
Atte.
Oscar L.
Tabasco, 2007.
Competitividad y la CFC
Eduardo Pérez Motta
Cuando uno observa la posición de México en las distintas clasificaciones de competitividad internacional en los últimos años, dos cosas surgen claramente: una, la economía se desempeña por debajo de las referencias internacionales; y dos, está perdiendo terreno, lenta pero indudablemente.
Esto ha sido desde hace tiempo motivo de preocupación entre autoridades y analistas, y de una gran cantidad de propuestas para atender aspectos específicos de la situación que se han acumulado. Pero aún no se articula una estrategia clara, coherente y -quizá lo más importante- ampliamente compartida para atender el problema.
Esto podría estar cambiando. En los últimos meses se han manifestado un número creciente de voces insistiendo en la importancia de la competencia para la competitividad, el crecimiento y la reducción de la pobreza. Centros de investigación nacionales como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) -ambos financiados por organismos empresariales- han sumado sus voces a las del Banco Mundial, el FMI y la OCDE. El presidente Felipe Calderón ha hecho énfasis en la promoción de la competencia como un elemento clave de la política económica de su administración.
Existen evidencias sólidas de que una política de competencia fuerte e integral incrementa la productividad, el crecimiento y el bienestar de los consumidores. Australia, por ejemplo, implementó una Política Nacional de Competencia en 1995 que extendió la proscripción de las actividades anticompetitivas a todos los sectores de la economía. También revisó y reformó todas las leyes que restringían excesivamente la competencia, además de garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura (como aeropuertos, cables de electricidad, gasoductos y líneas férreas) y asegurar la neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas.
Como resultado, la OCDE concluyó que "el PIB de Australia es ahora 2.5% más alto de lo que habría sido de otra forma, y los ingresos anuales de los hogares australianos son en promedio 7 mil dólares australianos (5 mil 800 estadounidenses) más altos, como resultado de la política de competencia". (Estudio Económico de Australia, Informe sobre Política de la OCDE, marzo de 2003).
En México, la necesidad de mayor competencia está en todos lados. El desmantelamiento de las barreras comerciales que inició a finales de los 80 permitió la llegada de la competencia extranjera a la manufactura (y creó por tanto las condiciones para el surgimiento de sectores industriales más que capaces de competir en el mercado internacional), pero la apertura no alcanzó a los servicios ni los bienes no comercializables. Como resultado, aún existen pocas compañías en muchos mercados, del cemento al maíz, y de la harina a la distribución de medicina y los taxis de aeropuerto. Los consumidores mexicanos pagan precios más altos que sus pares en países desarrollados, a pesar de que sus ingresos son significativamente menores.
Los sectores regulados, como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios financieros, enfrentan un reto especialmente difícil de competencia. Son proclives a tener pocas compañías y un comportamiento anticompetitivo (que es la lógica detrás de la regulación económica), pero, además, la intervención del gobierno corre el riesgo de provocar más perjuicios que beneficios al erigir barreras artificiales al ingreso o al distorsionar los incentivos.
Los indicios de que existen problemas de competencia en los sectores regulados son abundantes: la OCDE clasifica los precios de la telefonía para pequeñas empresas entre los más altos de cualquiera de los miembros de la organización; el gasto en transporte es el doble que el de Estados Unidos en términos de porcentaje del PIB; los mexicanos siguen pagando precios comparativamente altos por su electricidad y su gas, y la penetración de la banca minorista está rezagada respecto de Latinoamérica y de economías desarrolladas. Todos estos son sectores que impactan horizontalmente en el costo de hacer negocios, así que su ineficiencia es un lastre a la economía en su conjunto con altos costos y baja productividad.
Los sectores regulados ofrecen un impresionante ejemplo de cómo las políticas de competencia reducen precios, impulsan el crecimiento y mejoran las opciones del consumidor. El trasporte aéreo en México experimentó un importante cambio en 2005, con la separación de las dos principales aerolíneas nacionales (del Estado desde 1995) y con cinco nuevas aerolíneas de bajo costo recibiendo aprobación regulatoria para entrar al mercado. Los resultados fueron impactantes: sólo en 2006 se aumentó 2.3 millones de pasajeros (11.8%) en vuelos nacionales, más del crecimiento acumulado en el último lustro. Y el estudio Pronóstico Global de Viajes de Negocios de American Express, estima un descenso de entre 5% y 9% en las tarifas aéreas mexicanas para viajes cortos en 2007, frente a un aumento global de 3% a 5%.
¿Qué se debe hacer para reproducir esos resultados en toda la economía? En los últimos dos años, la Comisión Federal de Competencia (CFC) publicó recomendaciones de política pública para los sectores regulados, desde fomentar la convergencia de las telecomunicaciones (incluyendo el acceso a contenidos audiovisuales), hasta reducir las barreras de entrada para la distribución de gas LP, y aumentar la transparencia y los incentivos en la banca minorista y en el sistema de pensiones. Hoy, la comisión trabaja en opiniones adicionales sobre redes ferroviarias, aeropuertos y distribución de gasolina. Sin embargo, la mayor parte de dichas recomendaciones implican reformas legales o enmiendas a las regulaciones que están más allá del poder de la CFC.
Por lo tanto, el próximo paso deberá ser traducir el creciente consenso sobre el papel clave de las políticas de competencia, en un compromiso firme de los poderes legislativo y ejecutivo para hacer que la promoción de la competencia sea el criterio esencial al formular o revisar las leyes y regulaciones económicas. Para que resulte efectivo, dicho compromiso tendría que ser consagrado en el marco institucional, del mismo modo que Australia estableció su Política Nacional de Competencia en 1995.
Evidentemente, esta estrategia implica costos políticos significativos. Supone confrontar a algunas de las compañías más poderosas del país -a menudo influyentes empresas transnacionales-, para despojarlas de privilegios atesorados desde antaño y altamente rentables.
Pero también es el modo de introducir al país algo hasta ahora sólo visto de lejos: una verdadera economía de mercado, que utilice del modo más eficiente los recursos, promueva la innovación y, lo más importante, convierta consumidores en ganadores del proceso económico. Ellos -y quienes los representan en el gobierno- no deberían conformarse con menos.
Presidente de la Comisión Federal de Competencia Publicado en el Financial Times
Saludos todos
No tiene verguenza el presidente de la CFC. Como se atreve a decir que la CFC esta comprometida con lograr un campo de batalla plano para los competidoreres en una industria.
Ya se le olvido sus "condiciones" que impuso para facilitarle la compra de TVI por parte de Televisa? Osea, como es posible que una instancia deje que Televisa siga comprando cableras? Donde estudio sobre competencia los del CFC? En Heritage Foundation, en Hillsdale College?
Y, ustedes lectores de este blog, no creo que alguno de ustedes sean tan ingenuos para creerle a la CFC cuando argumentan en un op-ed que ellos promuevan la competencia.
Ahora, entiendo que la mayoria de ustedes pertenecen a la UltraDerecha, y que simpatizen con los PANistas/Republicanos. Respecto su punto de vista, ya que una CFC como la actual sirve los intereses de la Derecha, para que Mexico se rezegue mas y mas en relacion con paises que si creen en politicas economicas como las de los Democratas/PRDistas.
Estare equivocada en torno a la CFC? No creo. Pronto veremos. Si la CFC autoriza la compra de CableMas de parte de Televisa, sin importar las condiciones que "imponga", sabremos que la CFC, con la complicidad de el UltraDerechista FC, simplemente se conforman con un Mexico Mediocre, rezagado como ha estado durante los ultimos 25 anos.
Veremos que pasara.
Patricia
Ley Televisa
Ernesto Villanueva
Tiene razón Manuel Bartlett cuando afirma que la resolución de la Suprema Corte de
Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad de la “Ley Televisa”debe servir para hacer
reformas sustantivas a las Leyes Federales de Radio y Televisión y de
Telecomunicaciones. Hay dudas naturales sobre qué puntos sí y cuáles no la SCJN habrá
de declarar inconstitucionales. Hay certeza, empero, de que habrá aspectos sujetos a una
reforma legislativa como resultado de la resolución de la propia Corte. La inédita publicidad
a distintas etapas del proceso que llevará a resolver la acción de inconstitucionalidad
blinda en buena medida a la SCJN frente a tirios y troyanos y amortiza costos de
credibilidad tanto entre las partes como en la comunidad entera. El tema no es para menos
si uno se detiene en las cifras de cómo están las cosas en este sector. El miércoles
pasado en una conferencia académica, el comisionado de la Comisión Federal de
Competencia (Cofeco), Miguel Flores, retomaba datos de una ponencia presentada por esa
autoridad en noviembre pasado y que no tienen desperdicio. Veamos. Por un lado, es de
señalarse que la cobertura de la televisión abierta es del 91.7 por ciento y la restringida
(cable o cualquier otra) asciende ya al 19.2 por ciento. En televisión abierta, Televisa cuenta
con el 68.5 por ciento y TV Azteca, con un porcentaje del 28.3 de niveles de audiencia,
mientras los demás canales en conjunto sólo tienen una audiencia del 3.2 por ciento. Por
otra parte, de acuerdo a cifras de 2005, la inversión total en medios publicitarios fue de 44.8
mil millones de pesos, de los cuales el 58 por ciento se destinó a la televisión abierta. De
este total, Televisa fue beneficiario del 71.2 y TV Azteca del 28.2 por ciento. Televisa obtuvo
el 41.3 por diento de la inversión total en todos los medios. Por si los datos anteriores
fueran pocos, el Instituto Federal Electoral dará a conocer en los próximos días los gastos
publicitarios realizados por los partidos en medios de comunicación durante la pasada
elección federal, reporte que se presume confirmará estas tendencias. No es de extrañar
entonces que la SCJN se prepare acotar, en mayor o menor medida, la influencia de este
poder fáctico, que a partir de Santiago Creel como secretario de Gobernación y frustrado
precandidato presidencial, ha tenido al gobierno de la república como rehén.
El hecho de que no haya elecciones presidenciales ni federales mitiga de alguna manera
el nivel de presión de las televisoras, aunque no se olvide que las elecciones locales
representan un flanco débil permanente de los partidos. Con todo, la resolución de la Corte
en funciones de Tribunal Constitucional abre una ventana de oportunidad para retomar el
mayor número posible de pendientes en la regulación de este sector, entre los que habría
que apuntar, en forma enunciativa, los siguientes.
Primero. Redefinir las formas de asignación de concesiones, de tal suerte que no sea el
dinero, pero tampoco la arbitraria discrecionalidad, la que decida quién sí y quién no puede
acceder al espectro radioeléctrico. Para ello la presentación de proyectos de contenidos se
antoja un criterio esencial. De la misma manera, se debería prohibir no sólo la existencia
de duopolios, sino de posiciones dominantes del mercado que uniforman contenidos y, por
eso mismo afectan el derecho a la información de los mexicanos. Así vista, la competencia
genera pluralidad informativa, contagia las prácticas democráticas y reduce la posibilidad,
como sucede ahora, de que el regulado sea infinitamente más poderoso que el regulador.
Segundo. Reconstruir el concepto de permisos y sus características. Y es que hoy existen
en el mercado a condición de que la marginalidad sea uno de sus rasgos distintivos. La
disposición que establece que la venta de publicidad es causal de revocación de los
permisos debe reformarse, de acuerdo a los estándares internacionales. Deben incluirse
en la ley las figuras de medios públicos, comunitarios, universitarios e indígenas y detallar
puntualmente el procedimiento a través del cual pueden adquirir una frecuencia con la
mínima expresión de discrecionalidad y cuáles deben ser sus objetivos.
Tercero. Debe crearse la figura de la autorregulación regulada, de acuerdo a la cual los
medios sujetos a una concesión o permiso deben contar con códigos de ética y
defensores de la audiencia que verifiquen su razonable cumplimiento y de no hacerlo la
autoridad debe tener funciones de suplencia para cumplir con este mandato. Así –y parece
que sólo así– podrían mejorarse los contenidos programáticos que hoy se solazan de las
miserias del pueblo y en nada o casi nada contribuyen a la cultura ciudadana. Si la
autorregulación debe ser la opción de la prensa (que no está sujeta a ningún permiso
previo) la autorregulación regulada debe ser aplicada a los medios que explotan un bien
escaso de patrimonio colectivo.
Cuarto. Debe reformarse la naturaleza de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
para convertirse en un organismo descentralizado no sectorizado, pues ahora es tan sólo
un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. Ello significa debilidad
institucional, ausencia de independencia de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y espantapájaros de los órganos regulados que unas veces y otras veces
también recurren administrativa y judicialmente sus resoluciones. Por supuesto, debe
crearse la figura del conflicto de interés como requisito de ingreso y no al contrario como
está en la ley vigente, de suerte que se evite, como hoy sucede, que emisarios de los
regulados hagan las veces de reguladores a modo.
Evillanueva99@yahoo.com
Saludos desde Almendralejo,España: Invito a Vds. a que visiten mi 2º BLOG, su dirección es: gomato.blogspot.com
Gracias.-
Debido a que consegui vuelos con promocion para irme de vacaciones con mi familia a Mexico, estaba buscando acerca de las comunicaciones que hay en el país, para tener entretenimientos cuando me encuentre en el hotel
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