Cabildeo sin precedentes

Por Gabriel Sosa Plata

Publicado en El Universal, Finanzas, 29 de agosto 2006

En la víspera del sexto y último informe de gobierno del presidente Vicente Fox, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) trata de anotarse una palomita a favor por el llamado Acuerdo de Convergencia, cuyo propósito fundamental consiste en establecer las reglas del juego para que los operadores de telecomunicaciones puedan ofrecer, a través de la misma red, servicios de triple play (internet, telefonía, televisión) a precios cada vez más accesibles para los consumidores.

Como nunca antes, la SCT realizó un cabildeo intenso para la aprobación del acuerdo, se reunió con todos los operadores e incluso respondió públicamente los cuestionamientos en torno del documento. En apariencia, ese activismo hablaría de la preocupación de la dependencia que encabeza Pedro Cerisola para sacar adelante una reforma que a la larga traería beneficios a los consumidores de servicios de telecomunicaciones.

Las palabras que sobre el tema escribió con su puño y letra el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, son elocuentes: “Esta dependencia del Ejecutivo Federal cumple cabalmente con su responsabilidad con el interés público como ha sido evidente en la atención de diversos temas relacionados con su ámbito de competencia, al margen de los intereses particulares involucrados”. (El Universal, 3 de agosto 2006).

Desafortunadamente, tal activismo sólo se explica por una motivación: Telmex. Como ya lo han dicho reiteradamente especialistas como Javier Lozano, no era necesario hacer un acuerdo para que las cableras y empresas de telefonía ofrezcan servicios de televisión, porque tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones como los títulos de concesión de dichas empresas lo permiten. Más bien lo que se pretende con el documento es eliminar la prohibición para que Telmex esté en posibilidades de brindar servicios de televisión a través de su red.

Suponiendo que la SCT ha obrado de buena fe y que está convencida de la necesidad del acuerdo para garantizar y supervisar las condiciones de potabilidad de número, de interconexión e interoperabilidad entre redes, no deja de ser cuestionable el comportamiento de sus funcionarios. ¿Por qué sí ha hecho notar su presencia en estos temas de telecomunicaciones y por qué no otros asuntos de su competencia como lo son la radio y la televisión? ¿cuándo aplica y cuándo no su “visión de Estado” en estos temas?

En el sexto informe de gobierno pocos son los resultados positivos que podrá informar la SCT sobre radiodifusión y telecomunicaciones, como ha ocurrido a lo largo del sexenio. ¿Hay acaso algo qué decir sobre su vergonzoso papel en torno de la discusión y aprobación de la “ley Televisa? ¿de la manera en que despojaron de atribuciones a la dependencia porque así lo quiso Televisa y sus aliados en el Congreso y en Presidencia? ¿de su “mutis” cómplice y de su inexistente “visión de Estado” y “responsabilidad con el interés público” en esta contrarreforma?

En caso de que el Tribunal Federal Electoral ratifique el triunfo de Felipe Calderón, lo peor que lo podría pasar a la SCT es la continuidad. Es necesario, fundamental por el bien del país, dignificar la labor de esa dependencia. Calderón tendría la oportunidad histórica de no ser calificado como un promotor más de los intereses de las televisoras y de otras empresas dominantes de las telecomunicaciones.

Permisos sin renovar

Y ya que hablamos de la “visión de Estado” de la SCT, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Beatriz Solís, publica en la revista Zócalo (agosto 2006) un amplio artículo en el que informa que mientras a las empresas de radio y televisión les son renovadas sus concesiones con eficiencia administrativa, a las instituciones que operan emisoras permisionadas (las llamadas de “servicio público”) se les deja en el olvido.

Solís asegura que el 90 por ciento de los permisos de radio (239 de las 269 emisoras en operación) se encuentran en “proceso de renovación”: 15 de ellos vencieron en el 2002, 9 en 2003, 25 en 2004, 175 en 2005 y 3 en los primeros meses de 2006. “De ese total –continúa- 43 emisoras corresponden a instituciones de educación superior, 172 a gobiernos estatales, 14 son del gobierno federal y el resto está a nombre de comités, patronatos o personas físicas”.

Otro dato que llama la atención son los periodos de vigencia de los permisos: de 5 a 7 años, mientras que a los empresarios de la radio les son renovadas sus concesiones por un periodo de 5 a 12 años. ¿Por qué la diferencia en los periodos de vigencia entre concesiones y permisos? ¿por qué no se ha regularizado la renovación de los permisos?, pregunta Solís. La respuesta se puede adivinar con facilidad.

Aniversarios y tráfico

Una felicitación al presidente de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, y su equipo de colaboradores por la edición número 100 y los 18 años de vida de Revista Mexicana de Comunicación. La publicación de aniversario tiene como tema principal la cobertura y difusión mediática del proceso electoral 2006… Grupo ACIR se mete de lleno en la información vial: su emisora Radio Reloj fue transformada la semana pasada en Radio Tráfico 1590 AM, en la que los automovilistas podrán obtener cada tres minutos, durante las 24 horas del día, información de tráfico y clima. La división Radio Tráfico Total de ACIR, que proporciona este servicio Radio Tráfico 1590 y a otra radiodifusora de Monterrey, es producto de una alianza con su socia Clear Channel Communications.

Profesor e investigador invitado de la UAM Cuajimalpa
gsosap@yahoo.com