Queremos una nueva sociedad. Sabemos que sólo es factible crearla si lo intentamos desde la propia sociedad, con toda su pluralidad. El actual sistema de partidos e ideologías no la representa cabalmente.
En la nueva sociedad que hemos empezado a forjar:
Todas las personas ejercerán sin restricciones su libertad de expresarse. No habrá forma alguna de censura previa. La Legislación sólo debe atender las responsabilidades en que se incurra en caso de abuso de esas libertades.
No habrá restricciones a la libertad y el derecho a la información. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán tener acceso a toda la información generada en las instituciones públicas, pues todo acto administrativo es de naturaleza pública. Sólo podrán reservarse los documentos cuya divulgación ponga claramente en riesgo la seguridad nacional. También se tendrá acceso a la información de interés público generada en empresas o instituciones privadas.
El derecho a la información comprende la capacidad de expresión e información, por lo que ciudadanas y ciudadanos no serán simples espectadores o consumidores de información sino protagonistas y sujetos esenciales de la comunicación, lo cual debe quedar garantizado en la ley y respaldado por la práctica institucional:
Los medios locales sin fines de lucro operados por comunidades, barrios y grupos sociales para satisfacer sus propias necesidades de comunicación y para difundir sus puntos de vista deben recibir reconocimiento legal, apoyo técnico y facilidades de financiamiento del Estado. En vez de subsidios paternalistas, crearemos mecanismos eficaces que generen autonomía y sustentabilidad financiera.
Los medios públicos habrán de cumplir funciones de servicio a la sociedad, con base en financiamiento del Estado, pero estarán bajo la conducción y orientación ciudadana.
Vigilaremos que los medios de comunicación masiva estén al servicio de la gente, no de las estructuras de poder económico y político.
No permitiremos la concentración de la información, y de los medios en unas cuantas manos. Impediremos todas las prácticas monopólicas o concentradoras, contrarias al interés público, tal como lo marca el artículo 28 de la Constitución actual, por lo que insistiremos en la abrogación de las reformas a la leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, conocidas como “Ley Televisa.”
Impulsaremos una auténtica reforma a la legislación de medios electrónicos que asegure la utilización social de los bienes concesionados, como la marca la Constitución, y que garantice:
Un marco legal apropiado para las radios comunitarias, que les permita actuar con plena libertad y autonomía, reconozca su condición especial y permita obtener ingresos por publicidad, a condición de que se inviertan en capacitación, producción y equipamiento.
El uso social de los tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica, dedicados a información cultural, educativa y de orientación cívica. Debe hacerse enteramente explícita la prohibición del uso de esos tiempos para la promoción personal de cualquier gobernante.
La prohibición de que partidos y candidatos contraten propaganda electoral en los medios comerciales.
La asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva, equitativamente distribuidos entre los partidos políticos, para que ciudadanas y ciudadanos pueden enterarse de sus diversas ofertas políticas, tal como lo establece la ley actual.
La garantía estatal de que los avances tecnológicos y la convergencia digital sirvan para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Además de multiplicar los servicios a través de una misma red, se trata, fundamentalmente, de dar entrada a un mayor número de emisores, que sean reflejo de la pluralidad política y la diversidad cultural de la Nación Mexicana.
El compromiso de que la convergencia tecnológica no sea un instrumento que privilegie a quienes ya detentan el poder mediático, sino un mecanismo que permita a todos los ciudadanos y ciudadanas apropiado acceso a la información y el conocimiento y a la capacidad de producir contenidos.
Los medios públicos, los que están en manos de instituciones educativas, culturales y sociales y las radios comunitarias deben participar directamente en la toma de decisiones sobre la adopción de la norma tecnológica para su transición digital, y contar con el apoyo del Estado para financiar su conversión.
Los medios deben ser una ventana que refleje la multiculturalidad de la nación. La nueva legislación tendrá que incluir, bajo apropiada regulación, la obligación de los concesionarios de la radio y la televisión de contratar producciones independientes, que ocuparán un porcentaje de su programación, a fin de que ésta refleje los diversos valores, concepciones y formas de creación del país.
A lo largo de los últimos doce meses, en uno de los periodos más dramáticos y turbulentos de su historia, Oaxaca sufrió todas las consecuencias negativas del actual sistema de comunicación social. El hecho contribuye a explicar que en Oaxaca se haya realizado el Encuentro Nacional sobre Comunicación y Sociedad, que tras un mes de intensos análisis y debates presenta a la Nación esta declaración formal, que implica reformas legales, reformas institucionales e iniciativas ciudadanas. Es una propuesta abierta que aspira a incorporarse a un gran movimiento social para la creación de una nueva sociedad basada en la comunicación democrática.
Oaxaca de Juárez, 23 de marzo de 2007
Imagen: Carmen Aristegui, al leer la Declaración de Oaxaca
Foto: Gabriel Sosa
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