Por Gabriel Sosa Plata
¿Cuántos recursos podrían dejar de recaudar en las próximas elecciones federales las emisoras de radio y televisión en caso de aprobarse la reforma electoral? ¿al menos unos 5 mil millones de pesos entre el 2009 y el 2012? Por eso no resulta sorprendente la campaña mediática que han emprendido los empresarios de esa industria en contra del proyecto de dictamen que se impulsa en el Senado de la República.
Entrevistado por Jacobo Zabludovsky, en su programa “De una a tres”, un radiodifusor de AM de San Luis Potosí manifestó el pasado viernes su nerviosismo por ese hecho. En términos generales dijo que los recursos provenientes de las campañas políticas son un aliciente, en particular para las emisoras de AM, tan castigadas por los anunciantes en los últimos años. Sin tapujos, el empresario dijo que ese dinero lo utiliza para mantenimiento e inversión de equipos de sus radiodifusoras. Su nerviosismo seguramente es compartido, con justa razón, por muchos otros concesionarios de AM.
La sensatez de ese radiodifusor contrasta con la estrategia discursiva que han emprendido Televisa y Televisión Azteca hacia una supuesta defensa de la democracia y de los consejeros del IFE para que éstos continúen en sus cargos. En el seguimiento de los acontecimientos y declaraciones en torno de la reforma política, no hay periodismo, no hay contraste de opiniones, sino presión política disfrazada de información, tal como ha ocurrido en otros momentos en los que se afectan los intereses del duopolio de la televisión.
En otra entrevista, ésta realizada el 7 de septiembre por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, también fue franco y dio a conocer el verdadero sentir de los radiodifusores, no incluido, claro, en el engañoso desplegado publicado por la CIRT ese mismo día: su preocupación ante la posibilidad de que los miles de millones de pesos de las campañas políticas y de promoción de obras gubernamentales en tiempos electorales se transfieran a otros competidores, como los periódicos, las revistas, los espectaculares y las empresas encuestadoras.
La danza de los números
A pesar de las declaraciones fanfarronas de que ningún daño le hace la reforma electoral a empresas como Televisa, es evidente que sí hay una afectación generalizada en la industria, incluido el consorcio de Azcárraga Jean.
El IFE informó en mayo pasado que se gastaron 2 mil 62 millones de pesos en ese rubro. Otras fuentes dicen que los recursos fueron de casi 2 mil 500 millones de pesos, algo así como el 70% del gasto total ejercido en total por los partidos (Reforma 9/09/07). Si no hubiera cambio en la legislación electoral, no menos de 3 mil 500 millones de pesos se gastarían en propaganda política en el 2012. En el 2009 también hay elecciones intermedias en México.
Fernando Mejía Barquera (Milenio, 8/09/07) cita datos de la industria y refiere que en el 2006 la venta de spots significó 2% de la facturación total de Televisa, 8% de la de Televisión Azteca, entre 15 y 20% en las cadenas más fuertes de radio y cerca del 50% en grupos y emisoras regionales. Si nos basamos en las cifras del IFE, Televisa vendió 758 millones de pesos por ese concepto, Televisión Azteca 766 millones de pesos y Grupo Radio Centro (GRC) 151 millones de pesos. Tan sólo esos tres grupos habrían obtenido la nada despreciable cantidad de mil 675 millones por ingresos de propaganda electoral.
Las referidas empresas no habrían tenido un buen año 2006 si no es justamente por la transmisión de propaganda electoral, tal como detallan en sus informes anuales. En Televisa, este incremento, de 8.5% en televisión abierta y de 23.9% en radio, “fue originado por la transmisión de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2006, las campañas políticas relacionadas con las elecciones presidenciales en México y por mayores ratings en telenovelas”.
Televisión Azteca informa que sus ventas en el 2006 fueron superiores en un 6% gracias al “incremento en los ingresos netos del mundial de futbol y elecciones, compensado con la disminución de ventas en la demás programación”.
Por su parte, GRC tuvo un crecimiento de 24.9% en sus ventas debido “a mayores gastos de publicidad de los partidos políticos en relación con las elecciones presidenciales y del Congreso que se efectuaron el 2 de julio, así como a mayores gastos publicitarios de los clientes comerciales de la compañía”.
Es evidente que la aprobación de la reforma electoral tendría consecuencias para los concesionarios de radio y televisión en mayor o menor medida, lo que los obligará a diversificar su oferta, sus negocios y a reforzar sus esquemas de comercialización. Pero la democracia gana. Las campañas políticas dejarán de ser un negocio para los empresarios de esta industria, pero también un instrumento más de chantaje, de presión política y de favoritismo hacia algún partido político o candidato, tal como se vivió en el 2006. De cualquier manera, como afirma Ricardo Alemán, prevale el poder que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político (la discusión de la legislación electoral es el ejemplo), lo cual también puede inhibir a todo aquel personaje que afecte los intereses de esa industria.
El cambio político-electoral deberá ir acompañado con políticas públicas de comunicación que garanticen la apertura y la competencia del sector, los derechos de los televidentes y radioescuchas, así como el desarrollo tecnológico y la convergencia. En este aspecto es donde entran la reforma a la legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que se han propuesto impulsar los mismos senadores. Esperemos que en contra de lo que afirma Ricardo Alemán (EL UNIVERSAL 10/09/07), esta reforma no sea un instrumento de negociación con las televisoras a cambio de la reforma electoral.
Foros sobre radiodifusión
Del 12 al 14 de septiembre se lleva a cabo el Primer Seminario Itinerante de Autorregulación y Medios de Servicio Público en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Días después, el 19 de septiembre, el Senado será sede del Foro “Mejores Prácticas Legislativas para la Radiodifusión en México”, al que convocan la Comisión de RTC del Senado, Artículo 19, la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
Entrevistado por Jacobo Zabludovsky, en su programa “De una a tres”, un radiodifusor de AM de San Luis Potosí manifestó el pasado viernes su nerviosismo por ese hecho. En términos generales dijo que los recursos provenientes de las campañas políticas son un aliciente, en particular para las emisoras de AM, tan castigadas por los anunciantes en los últimos años. Sin tapujos, el empresario dijo que ese dinero lo utiliza para mantenimiento e inversión de equipos de sus radiodifusoras. Su nerviosismo seguramente es compartido, con justa razón, por muchos otros concesionarios de AM.
La sensatez de ese radiodifusor contrasta con la estrategia discursiva que han emprendido Televisa y Televisión Azteca hacia una supuesta defensa de la democracia y de los consejeros del IFE para que éstos continúen en sus cargos. En el seguimiento de los acontecimientos y declaraciones en torno de la reforma política, no hay periodismo, no hay contraste de opiniones, sino presión política disfrazada de información, tal como ha ocurrido en otros momentos en los que se afectan los intereses del duopolio de la televisión.
En otra entrevista, ésta realizada el 7 de septiembre por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, también fue franco y dio a conocer el verdadero sentir de los radiodifusores, no incluido, claro, en el engañoso desplegado publicado por la CIRT ese mismo día: su preocupación ante la posibilidad de que los miles de millones de pesos de las campañas políticas y de promoción de obras gubernamentales en tiempos electorales se transfieran a otros competidores, como los periódicos, las revistas, los espectaculares y las empresas encuestadoras.
La danza de los números
A pesar de las declaraciones fanfarronas de que ningún daño le hace la reforma electoral a empresas como Televisa, es evidente que sí hay una afectación generalizada en la industria, incluido el consorcio de Azcárraga Jean.
El IFE informó en mayo pasado que se gastaron 2 mil 62 millones de pesos en ese rubro. Otras fuentes dicen que los recursos fueron de casi 2 mil 500 millones de pesos, algo así como el 70% del gasto total ejercido en total por los partidos (Reforma 9/09/07). Si no hubiera cambio en la legislación electoral, no menos de 3 mil 500 millones de pesos se gastarían en propaganda política en el 2012. En el 2009 también hay elecciones intermedias en México.
Fernando Mejía Barquera (Milenio, 8/09/07) cita datos de la industria y refiere que en el 2006 la venta de spots significó 2% de la facturación total de Televisa, 8% de la de Televisión Azteca, entre 15 y 20% en las cadenas más fuertes de radio y cerca del 50% en grupos y emisoras regionales. Si nos basamos en las cifras del IFE, Televisa vendió 758 millones de pesos por ese concepto, Televisión Azteca 766 millones de pesos y Grupo Radio Centro (GRC) 151 millones de pesos. Tan sólo esos tres grupos habrían obtenido la nada despreciable cantidad de mil 675 millones por ingresos de propaganda electoral.
Las referidas empresas no habrían tenido un buen año 2006 si no es justamente por la transmisión de propaganda electoral, tal como detallan en sus informes anuales. En Televisa, este incremento, de 8.5% en televisión abierta y de 23.9% en radio, “fue originado por la transmisión de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2006, las campañas políticas relacionadas con las elecciones presidenciales en México y por mayores ratings en telenovelas”.
Televisión Azteca informa que sus ventas en el 2006 fueron superiores en un 6% gracias al “incremento en los ingresos netos del mundial de futbol y elecciones, compensado con la disminución de ventas en la demás programación”.
Por su parte, GRC tuvo un crecimiento de 24.9% en sus ventas debido “a mayores gastos de publicidad de los partidos políticos en relación con las elecciones presidenciales y del Congreso que se efectuaron el 2 de julio, así como a mayores gastos publicitarios de los clientes comerciales de la compañía”.
Es evidente que la aprobación de la reforma electoral tendría consecuencias para los concesionarios de radio y televisión en mayor o menor medida, lo que los obligará a diversificar su oferta, sus negocios y a reforzar sus esquemas de comercialización. Pero la democracia gana. Las campañas políticas dejarán de ser un negocio para los empresarios de esta industria, pero también un instrumento más de chantaje, de presión política y de favoritismo hacia algún partido político o candidato, tal como se vivió en el 2006. De cualquier manera, como afirma Ricardo Alemán, prevale el poder que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político (la discusión de la legislación electoral es el ejemplo), lo cual también puede inhibir a todo aquel personaje que afecte los intereses de esa industria.
El cambio político-electoral deberá ir acompañado con políticas públicas de comunicación que garanticen la apertura y la competencia del sector, los derechos de los televidentes y radioescuchas, así como el desarrollo tecnológico y la convergencia. En este aspecto es donde entran la reforma a la legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que se han propuesto impulsar los mismos senadores. Esperemos que en contra de lo que afirma Ricardo Alemán (EL UNIVERSAL 10/09/07), esta reforma no sea un instrumento de negociación con las televisoras a cambio de la reforma electoral.
Foros sobre radiodifusión
Del 12 al 14 de septiembre se lleva a cabo el Primer Seminario Itinerante de Autorregulación y Medios de Servicio Público en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Días después, el 19 de septiembre, el Senado será sede del Foro “Mejores Prácticas Legislativas para la Radiodifusión en México”, al que convocan la Comisión de RTC del Senado, Artículo 19, la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
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