El presidente y los comisionados

Por Gabriel Sosa Plata

Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 26 de febrero de 2008

Nuevamente la Corte será actor fundamental en un tema relacionado con el turbulento sector de las telecomunicaciones. En los próximos días, los ministros analizarán el tema y dictarán sentencia sobre el caso de dos integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Como lo adelantó nuestro colega Alberto Barranco (El Universal, 20 de febrero 2008), la Corte podría pronunciarse en el sentido de que Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich (actuales director jurídico y subsecretario de Comunicaciones de la SCT, respectivamente) no cuentan con “interés jurídico” (es decir, no hubo perjuicio hacia ellos) para impugnar el rechazo que en mayo de 2006 hizo la Cámara de Senadores de sus nombramientos como comisionados de la Cofetel.

A pesar de que la misma Corte, como resultado de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la ley Televisa, estableció que la Cámara de Senadores no tiene atribuciones en el nombramiento o ratificación de los funcionarios de la Cofetel, en la ponencia que al respecto presentará el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se establecería que, después de todo, fue una decisión presidencial y no de los senadores la que llevó a proponer y designar finalmente a Eduardo Ruiz Vega y a Gerardo González Abarca como comisionados, en reemplazo de Martínez Pous y del Villar Alrich.

De igual manera no se podría pensar, según la argumentación del ministro Gudiño, que hubo perjuicio de algo que ni siquiera se tenía, interpretación que sin duda generará un agrio debate debido a que fue justo el Senado el que obstaculizó los nombramientos, en un acto arbitrario, no motivado ni fundado, que se tomó en un contexto de presiones político-empresariales para controlar al órgano regulador.

La Corte, de acuerdo con la ponencia, no tendría facultades para ordenar al presidente de la República la designación como comisionados de Martínez Pous y del Villar Alrich en sustitución de Ruiz Vega y González Abarca, debido a que el “poder jerárquico de nombramiento” del Jefe del Ejecutivo no admite la intromisión de otros poderes. Tampoco podría avalar que “cualquier hijo de vecina” (que no es el caso porque aquí sí hubo una designación presidencial previa) pueda exigir un puesto de comisionado, lo que también será muy debatido.

Aunque aún falta la discusión, se prevé que la mayoría de los ministros, quizás con excepción de Genaro David Góngora Pimentel (quien en su voto particular sobre la ley Televisa habló de la necesidad de reponer el procedimiento de elección de los comisionados), apoyen esa interpretación. Si así fuera, la Corte estaría otra vez en el ojo del huracán.

Más allá del galimatías jurídico, lo que sí queda claro tanto en el documento que presentaría el ministro Gudiño Pelayo como en la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa es que el presidente Felipe Calderón tiene todas las atribuciones para remover libremente a los actuales comisionados y designar en su lugar a Martínez Pous, a del Villar o a quien desee, más aún por tratarse de empleados de confianza y no de base, caso este último donde sí habría algunas limitaciones.

La ley Televisa (artículo 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones) estableció únicamente una condición para esos despidos: “sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada”. ¿Qué podría ser una causa grave? No hay definición, pero en ese criterio podrían entrar desde irresponsabilidades en sus cargos hasta el hecho de que el mismo Poder Ejecutivo no confíe en los funcionarios de la Cofetel (recuérdese la afirmación del titular de la SCT, Luis Téllez: “el órgano regulador está capturado por los regulados”).

Para más precisión, la referida sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad, dice que la facultad presidencial de libre remoción no se afecta o se restringe al sujetarse a una “causa grave”, “ya que será él (el presidente) quien lo determine sin injerencia de ningún otro poder y podrá hacerlo en cualquier momento que así lo amerite”.

Esto significa que, en contra de lo que se ha dicho, no todo está perdido para el presidente Calderón ni para la SCT. Más bien entramos en otro terreno: el de las decisiones. ¿Hasta dónde quiere ir el actual gobierno en ese tema, considerando que continúan abiertos muchos expedientes (la reforma a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, como el más importante) y las presiones están a la orden del día? Lo que se haga con la integración de la Cofetel será más una decisión política que una decisión jurídica. El presidente Calderón tiene la última palabra.

Senadores apocados por las televisoras

Y ya que hablamos de presiones, Bajo Reserva de El Universal informó el pasado 20 de febrero que el Senado mandó a hacer un análisis sobre las menciones de ese órgano legislativo en los medios de comunicación electrónicos y en la prensa. “El resultado confirmó que salieron de las pantallas y de las ondas hertzianas a raíz de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral”.

En efecto, el referido análisis fue del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2007 y reconfirma lo dicho por este diario. En el rubro específico de los noticiarios de Televisa y TV Azteca, el estudio contabilizó 78 notas o piezas periodísticas en las que se mencionan a senadores. Este dato fue contrastado con la mención de gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. La diferencia entre unos y otros es enorme. Por ejemplo, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, le dedicaron 700 notas y a Marcelo Ebrard 449, durante el mismo periodo.

De las 78 notas dedicadas a los senadores, Manlio Fabio Beltrones aparece en 29, Carlos Navarrete en 11 y Ricardo Monreal en 9. El presidente del Senado, Santiago Creel, y Rosario Ibarra tuvieron igual número de menciones, 8 para cada uno. Más abajo aparecen, con 3 notas para uno, Felipe González y Federico Doring. Con 2 notas Ramón Muñoz y José Guillermo Anaya, respectivamente, y con una nota Ramiro Hernández, Ernesto Saro y Mario López.

Aunque no se compara la cobertura de los medios antes y después de la reforma electoral ni tampoco se hace un diagnóstico cualitativo (más allá de la poco confiable técnica de calificar a las notas como positivas, negativas y neutras), el análisis demuestra que el Senado dejó de ser noticia en las televisoras y que en cambio existe un fuerte e inusitado interés periodístico hacia las actividades de Peña Nieto y Ebrard.

Publicaciones como Etcétera (diciembre 2007) y Proceso (octubre 2005) han documentado la gran cantidad de recursos que particularmente el gobernador mexiquense destinó a Televisa y TV Azteca para su promoción personal. Si bien esto ya no es posible gracias a la reforma electoral, lo que vemos ahora es una nueva y exitosa fórmula para seguir apareciendo en la televisión.

Foto tomada de: http://nisu.blogia.com/upload/20071227053726-fin.jpg