Por Gabriel Sosa Plata
Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 4 de marzo 2008
Faltan explicaciones sobre el polémico caso de Unefon, empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego que reclama al gobierno federal, imagínese usted, más de tres mil millones de pesos por el pago de intereses generados por el cobro indebido de 596 millones de pesos. La semana pasada el tema volvió a tomar fuerza.
El ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano, es uno de los actores clave que hasta ahora no ha hablado del asunto. Lozano presidía a la Cofetel cuando este órgano autorizó a Unefon (entonces Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V.) la prórroga para el pago del 80 por ciento restante de la contraprestación ofrecida al gobierno por la licitación de diversas frecuencias, en septiembre de 1998, más los intereses correspondientes.
Gran error. La Cofetel no debió conceder la prórroga, pero tampoco cobrar intereses, debido a que no tiene facultades para ello. Lo que procedía era el cobro de recargos. Unefon pagó 596 millones de pesos de intereses y, como se dijo, reclama los intereses generados por esa cantidad.
¿Por qué el pleno de la Cofetel, con el aval de Lozano, tomó esa decisión cuando era de sobra conocido que se trataba de un acto ilegal? Es necesario ofrecer una explicación, no sólo a la Secretaría de la Función Pública, sino a la sociedad, ya que el caso ha ido más allá de un procedimiento administrativo, si consideramos, además, que Lozano, pocos años después, se contrató como asesor de TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, propietaria de Unefon.
La otra explicación necesaria es la del pago, dos días antes de culminar la administración de Vicente Fox, de 550 de los 596 millones de pesos reclamados. En este espacio hemos retomado las declaraciones del exsubsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien reitera que él sólo acató la sentencia de última instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
¿Pudo la SCT dejar a la siguiente administración, la de Felipe Calderón, la responsabilidad de pagar los 596 millones de pesos? Y la respuesta, en principio, sería sí. El oficio 102-K de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 7 de septiembre de 2006, firmado por la tesorera de la Federación, la Administradora General de Grandes Contribuyentes y el subsecretario de Ingresos, establece que los recursos pagados por Unefon “no tienen una naturaleza fiscal”, por lo que corresponde a la SCT prever las partidas correspondientes a efecto de que “en el siguiente ejercicio” (es decir, en el 2007) se devolviera el pago indebido de los intereses.
Con el aval de otros funcionarios de la SCT y de su titular, Pedro Cerisola, quien tampoco se ha pronunciado sobre el tema, Álvarez Hoth buscó la manera de devolver el dinero antes de que culminara la administración foxista. Se consiguieron 550 millones gracias a las “economías que se han generado en esta Secretaría”, según el oficio 5-925 de la Oficialía Mayor, de fecha 28 de noviembre de 2006. El resto de los recursos podrían presupuestarse para el ejercicio fiscal de 2007”. Al día siguiente, el 29 de noviembre, se concretó la devolución. No se pidió, como lo hubiera recomendado cualquier estudiante de derecho, el finiquito correspondiente.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, dijo que no había justificación para la entrega de los 550 millones de pesos, por lo que se iniciaron dos auditorías, una en la Contraloría Interna de la dependencia y la otra en la Auditoría Superior de la Federación.
Tal declaración generó el viernes 29 y ayer lunes una inusitada y coincidente reacción de diversos columnistas, todos ellos también colaboradores de Televisión Azteca, en contra de la SCT, por negarse a devolver el resto de los 46 millones de pesos. Los calificativos vertidos hacia Luis Téllez y Martínez Pous han sido duros. Ese puede ser, lamentablemente, el tono que el caso Unefon tome en los días siguientes ante los fuertes intereses que están en juego. Por lo pronto, la SCT no ha otorgado el refrendo de diversas concesiones de la telefónica. Este hecho podría convertirse en moneda de negociación.
Comisionados: siempre sí
En contra de los pronósticos, los ministros de la Corte determinaron el pasado martes que sí había interés jurídico de Rafael del Villar y del ya mencionado Gonzalo Martínez para ampararse por el rechazo del Senado de sus nombramientos como comisionados de la Cofetel, por lo que acordaron retirar el proyecto de ponencia presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El amparo será revisado nuevamente. Esto postergará una vez más el delicado caso de la integración de la Cofetel y muchas de las decisiones que existen en materia de política pública en el sector. Aquí hemos dicho que el presidente Felipe Calderón podría poner orden en esa casa. Una resolución de la Corte, en cualquiera de los sentidos, le habría ayudado. El nuevo compás de espera podría ser largo, innecesario y desgastante.
Cableros: transparencia
El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, se fue a la yugular de los cableros y éstos respondieron de la misma manera. El funcionario dijo que los cableros no están acostumbrados a competir y que hay en el sector pequeños monopolios. La CANITEC respondió que las declaraciones de Pérez Motta son irresponsables y que los cableros compiten en todos los mercados en los que participan.
En esta discusión alguien miente o está mal informado. Por ello sería necesario que la CFC presentara las investigaciones que ha hecho sobre la competencia de la televisión por cable en México y que su a su vez la CANITEC basara su defensa en datos duros más consistentes sobre lo que realmente ocurre en cuanto la propiedad de las empresas concesionarias de la televisión de paga, más allá de decir que hay muchos concesionarios (lo mismo podría decirse en radio y televisión y es de sobra conocido que hay una alta concentración en pocas empresas).
Para colmo, ayer se dio a conocer que las empresas afiliadas a la CANITEC y que ofrecen servicios de Internet bloquean las llamadas de telefonía que se hacen a través de esa red y el tráfico de intercambio de archivos P2P (peer to peer). El dato puede ser útil en el conflicto CFC-CANITEC.
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
Blog: http://radiomexicana.blogspot.com
El ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano, es uno de los actores clave que hasta ahora no ha hablado del asunto. Lozano presidía a la Cofetel cuando este órgano autorizó a Unefon (entonces Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V.) la prórroga para el pago del 80 por ciento restante de la contraprestación ofrecida al gobierno por la licitación de diversas frecuencias, en septiembre de 1998, más los intereses correspondientes.
Gran error. La Cofetel no debió conceder la prórroga, pero tampoco cobrar intereses, debido a que no tiene facultades para ello. Lo que procedía era el cobro de recargos. Unefon pagó 596 millones de pesos de intereses y, como se dijo, reclama los intereses generados por esa cantidad.
¿Por qué el pleno de la Cofetel, con el aval de Lozano, tomó esa decisión cuando era de sobra conocido que se trataba de un acto ilegal? Es necesario ofrecer una explicación, no sólo a la Secretaría de la Función Pública, sino a la sociedad, ya que el caso ha ido más allá de un procedimiento administrativo, si consideramos, además, que Lozano, pocos años después, se contrató como asesor de TV Azteca, empresa de Grupo Salinas, propietaria de Unefon.
La otra explicación necesaria es la del pago, dos días antes de culminar la administración de Vicente Fox, de 550 de los 596 millones de pesos reclamados. En este espacio hemos retomado las declaraciones del exsubsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, quien reitera que él sólo acató la sentencia de última instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
¿Pudo la SCT dejar a la siguiente administración, la de Felipe Calderón, la responsabilidad de pagar los 596 millones de pesos? Y la respuesta, en principio, sería sí. El oficio 102-K de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 7 de septiembre de 2006, firmado por la tesorera de la Federación, la Administradora General de Grandes Contribuyentes y el subsecretario de Ingresos, establece que los recursos pagados por Unefon “no tienen una naturaleza fiscal”, por lo que corresponde a la SCT prever las partidas correspondientes a efecto de que “en el siguiente ejercicio” (es decir, en el 2007) se devolviera el pago indebido de los intereses.
Con el aval de otros funcionarios de la SCT y de su titular, Pedro Cerisola, quien tampoco se ha pronunciado sobre el tema, Álvarez Hoth buscó la manera de devolver el dinero antes de que culminara la administración foxista. Se consiguieron 550 millones gracias a las “economías que se han generado en esta Secretaría”, según el oficio 5-925 de la Oficialía Mayor, de fecha 28 de noviembre de 2006. El resto de los recursos podrían presupuestarse para el ejercicio fiscal de 2007”. Al día siguiente, el 29 de noviembre, se concretó la devolución. No se pidió, como lo hubiera recomendado cualquier estudiante de derecho, el finiquito correspondiente.
La semana pasada, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gonzalo Martínez Pous, dijo que no había justificación para la entrega de los 550 millones de pesos, por lo que se iniciaron dos auditorías, una en la Contraloría Interna de la dependencia y la otra en la Auditoría Superior de la Federación.
Tal declaración generó el viernes 29 y ayer lunes una inusitada y coincidente reacción de diversos columnistas, todos ellos también colaboradores de Televisión Azteca, en contra de la SCT, por negarse a devolver el resto de los 46 millones de pesos. Los calificativos vertidos hacia Luis Téllez y Martínez Pous han sido duros. Ese puede ser, lamentablemente, el tono que el caso Unefon tome en los días siguientes ante los fuertes intereses que están en juego. Por lo pronto, la SCT no ha otorgado el refrendo de diversas concesiones de la telefónica. Este hecho podría convertirse en moneda de negociación.
Comisionados: siempre sí
En contra de los pronósticos, los ministros de la Corte determinaron el pasado martes que sí había interés jurídico de Rafael del Villar y del ya mencionado Gonzalo Martínez para ampararse por el rechazo del Senado de sus nombramientos como comisionados de la Cofetel, por lo que acordaron retirar el proyecto de ponencia presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El amparo será revisado nuevamente. Esto postergará una vez más el delicado caso de la integración de la Cofetel y muchas de las decisiones que existen en materia de política pública en el sector. Aquí hemos dicho que el presidente Felipe Calderón podría poner orden en esa casa. Una resolución de la Corte, en cualquiera de los sentidos, le habría ayudado. El nuevo compás de espera podría ser largo, innecesario y desgastante.
Cableros: transparencia
El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, se fue a la yugular de los cableros y éstos respondieron de la misma manera. El funcionario dijo que los cableros no están acostumbrados a competir y que hay en el sector pequeños monopolios. La CANITEC respondió que las declaraciones de Pérez Motta son irresponsables y que los cableros compiten en todos los mercados en los que participan.
En esta discusión alguien miente o está mal informado. Por ello sería necesario que la CFC presentara las investigaciones que ha hecho sobre la competencia de la televisión por cable en México y que su a su vez la CANITEC basara su defensa en datos duros más consistentes sobre lo que realmente ocurre en cuanto la propiedad de las empresas concesionarias de la televisión de paga, más allá de decir que hay muchos concesionarios (lo mismo podría decirse en radio y televisión y es de sobra conocido que hay una alta concentración en pocas empresas).
Para colmo, ayer se dio a conocer que las empresas afiliadas a la CANITEC y que ofrecen servicios de Internet bloquean las llamadas de telefonía que se hacen a través de esa red y el tráfico de intercambio de archivos P2P (peer to peer). El dato puede ser útil en el conflicto CFC-CANITEC.
Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
Blog: http://radiomexicana.blogspot.com
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