martes, 29 de mayo de 2007

Radiodifusores de AM


Por Gabriel Sosa Plata

Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 29 de mayo 2007

Uno de los grupos representativos de la industria radiofónica mexicana, que durante meses resistió con dignidad y valentía la intensa presión para modificar su postura de la denominada ley Televisa, fue finalmente doblegado, justo cuando la Corte está por emitir su fallo en torno de esa contrarreforma.

Así como ocurrió con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), con el Grupo Fórmula y con otras empresas del sector, los 83 radiodifusores integrantes de la organización Radio Independiente y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (Cirt) repentinamente cambiaron de opinión.

De calificar a la ley Televisa como una “infamia”, como un marco jurídico que favorecía al “poder fáctico”, como “una medida que deja en estado de indefensión a la industria de radiodifusión de AM”, como una reforma que “no podía evitar la indebida concentración de medios” (véase EL UNIVERSAL del 14 de diciembre de 2005, 8 de febrero y 29 de marzo de 2006), estos empresarios descubrieron más de un año después que la nueva legislación “resulta un avance importante”, que “reconoce la convergencia tecnológica y de servicios”, que promueve la “competitividad” y la “diversidad” (EL UNIVERSAL, 23 de mayo 2007).

Y así, con un escueto pero contundente comunicado a la opinión pública, escrito con el mismo tono de las cartas de apoyo elaboradas por los “cabilderos” de Televisa, esta organización que opera 216 radiodifusoras, el 70 por ciento de las emisoras de AM, terminó con 15 meses de resistencia materializada en decenas entrevistas, notas de prensa, participación en foros y mesas redondas, conferencias de prensa, muchos otros desplegados publicados en diversos diarios del país, campañas radiofónicas, estudios jurídicos y técnicos, en fin. Por si fuera poco, también dieron carpetazo a más de 180 amparos en contra de la reforma.

“Sólo con las ‘combo’ (frecuencias de FM para operadores de AM) nos podrán corromper”, decían en corto algunos de estos radiodifusores.

Y, en efecto, su lucha más allá de la licitación de frecuencias, de la inversión extranjera en la radiodifusión, de la concentración en el sector, estaba encaminada única y exclusivamente a la obtención de canales de FM, al costo que fuera posible. Los senadores de la legislatura pasada que apoyaron la ley Televisa se los prometieron en un extraño transitorio que finalmente quedó congelado junto las llamadas “reformas paralelas” en la Cámara de Diputados, por lo que continuaron en la batalla.

Todavía hace unos días, cuando la Corte iniciaba el análisis del tema, el presidente de Radio Independiente, Roque Chávez, mantenía su al parecer indeclinable posición en contra de la ley. Pero algo sucedió la semana pasada. Una promesa o una amenaza. ¿De la Comisión Federal de Telecomunicaciones? ¿de la Cirt? ¿de Televisa? No lo sabemos. “Es un voto de confianza al presidente de la CIRT, quien se ha comprometido apoyarnos para obtener las ‘combo’”, dicen empresarios radiofónicos para justificar su aval a una reforma que antes detestaban.

“Hemos decidido cerrar filas y mantener la unidad en torno de nuestro líder”, dicen otros radiodifusores, pareciéndose mucho a las frases que se pronunciaban en la época del partido único. Se refieren a Enrique Pereda, presidente de la Cirt, uno de los dueños de Radiorama, el grupo con más emisoras entre propias y afiliadas del país (más de 220, es decir, casi la misma cantidad de las integrantes de Radio Independiente) y aliado de Televisa Radio en estrategias de comercialización y programación.

Sin hasta ahora nada tangible en sus manos, los socios de Radio Independiente, los hijos rebeldes que pidieron la salida de Televisa de la Cirt, los que amenazaron con salirse de ese cámara industrial porque ya no representaba los intereses de los pequeños radiodifusores, los que denunciaron el monopolio de la televisión y de las 14 familias que controlan a la radio, se reencuentran en casa en un momento histórico de definiciones para ellos, para la radiodifusión en general y para la democracia mexicana.

Como comentamos en esta columna (EL UNIVERSAL, 5 de julio de 2005), en los años cuarenta y cincuenta, algunos de los padres o abuelos de quienes hoy forman parte de Radio Independiente llevaron a cabo una insurrección similar al interior de su sector. Exigían al gobierno que Radio Programas de México de Clemente Serna y la XEW de Emilio Azcárraga dejaran de instalar repetidoras porque vulneraba la radio local y fortalecía a los grupos de la capital del país.

Hábilmente, la entonces Cámara de la Industria de la Radiodifusión (antecedente de la Cirt), los convenció de la necesidad de luchar por una ley específica para el sector porque con ello se solucionaría su demanda, pero debían hacerlo unidos. La Ley Federal de Radio y Televisión, escrita por los mismos empresarios dominantes de la industria, se expidió en 1960. Sin embargo, la instalación de las repetidoras y la tendencia concentradora impulsada desde el Distrito Federal continuó.

Promesas de antes, promesas de ahora. Ojalá los llamados pequeños radiodifusores tengan mejor suerte en los días que vienen.

Campañas en contra

La cuestionable campaña impulsada por Televisión Azteca y ahora por Televisa en contra del exsenador Javier Corral es una muestra de la impostergable necesidad de fomentar la pluralidad y la competencia en la televisión. Como comentó ayer Miguel Ángel Granados Chapa en su columna “Plaza Pública”, al duopolio le irrita de sobremanera el activismo que despliega Javier Corral en contra de la ley Televisa, lo cual le ha merecido “una nueva demostración de dolo contenido o desembozado, pero dolo al fin, con las televisoras atacan a quien a su juicio pretende lastimar sus intereses”. El derecho de réplica, solicitado por Corral con base en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, modificado en el 2002 por las mismas televisoras para supuestamente garantizarlo, no le ha sido otorgado. ¿Qué más viene?

Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com

lunes, 28 de mayo de 2007

Consideran un revés la pérdida de derechos sobre órbita satelital


México, 25 May (Notimex).- La pérdida de los derechos sobre la órbita satelital "109.2 grados Oeste" refleja la crisis del Sistema Satelital Mexicano y la poca eficiencia con que es operado, afirmó Gabriel Sosa Plata, investigador de la UAM.

El estudioso del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que esta situación afectaría la capacidad del Estado mexicano para ampliar el acceso de la población a nuevas tecnologías, mediante programas educativos, sociales y culturales.

Señaló en un comunicado que contar con esa órbita hubiera permitido proporcionar servicios de banda ancha para el desarrollo de Internet, lo que ampliara el uso de las nuevas tecnologías por sectores actualmente marginados de esos desarrollos.

Si bien la explotación de esa órbita iba a representar un negocio para quien ganara la licitación, también habría sido benéfico para el Estado en función de sus programas educativos, pues la legislación prevé un porcentaje de la capacidad de los satélites para la explotación del Estado, señaló.

En lo sucesivo, añadió, si el Estado requiriera más capacidad tendría que hacerlo contratando espacios en satélites extranjeros, lo cual significa mayores costos, además de las pérdidas que desde ahora significa no poder obtener los recursos derivados de la licitación.

Sosa Plata dijo que lo ocurrido resulta lamentable pues se trata de posiciones que, como el espectro radioeléctrico, son limitadas y finitas y están sujetas a la regulación internacional mediante la que se determina quién ocupa determinadas posiciones orbitales.

Como ocurre en general en el ámbito de las telecomunicaciones, las posibilidades de acceso a nuevos participantes están limitadas por obstáculos regulatorios y por las propias empresas dominantes, como también sucede en México, explicó.

Países como México están limitados por no contar con recursos suficientes, ni con una autoridad regulatoria o políticas que impulsen el desarrollo del sector de manera equitativa. Por ello estas posiciones son reservadas a los países dominantes.

Dijo que la crisis que atraviesa el Sistema Satelital Mexicano sólo es superable con inyección de recursos, y la visión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que sólo se podrá hacer ampliando el porcentaje de inversión extranjera en el sector.

En general, expuso, el sistema satelital mexicano ha sido poco eficiente comparado con otras empresas satelitales en el mundo. Satélites Mexicanos (Satmex) está en quiebra y enfrenta un nuevo proceso de venta.
Recordó que los antiguos operadores no lo administraron eficientemente y las condiciones de mercado tampoco ayudaron por lo que terminó quebrando. Por ello ni siquiera tenía posibilidades de participar esta vez en la subasta de esta posición orbital.

Señaló por último que la pérdida de la posición orbital no afectará los procesos de convergencia tecnológica en curso, porque operadores de telecomunicaciones y de radio y televisión, como Televisa y Teléfonos de México utilizan satélites extranjeros para cubrir el territorio nacional, Estados Unidos, centro y Sudamérica.
Versión original:

martes, 22 de mayo de 2007

Las mentiras de la CIRT


Por Gabriel Sosa Plata

Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 22 de mayo 2007

Ahora resulta que de aprobarse el proyecto de sentencia del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en torno de la denominada ley Televisa, no sólo no habría convergencia entre televisión y telecomunicaciones, sino que la radio abierta de AM y FM estaría condenada a su desaparición.

Fatalista, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dominada por Televisa, recurre a un nuevo recurso para persuadir a la Corte y defender una ley que, como a otros sectores de la industria y de la sociedad, le fue impuesta. Pero se apoya en otro argumento falaz.

El presidente de la CIRT, Enrique Pereda dijo el pasado jueves 17 de mayo que si se declara inconstitucional el artículo 28 de la reformada Ley Federal de Radio y Televisión (el cual permite a los concesionarios de radiodifusión prestar servicios adicionales de telecomunicaciones) “la radio, concesionada y permisionada, quedarían impedidas (sic) para digitalizarse y ofrecer servicios adicionales”.

“Con ello –agregó el también directivo de Radiorama, empresa con más de 220 emisoras de radio asociada con Televisa Radio- se le estaría condenando al rezago tecnológico y, eventualmente, a su desaparición, a diferencia de lo que acontece en la radio en otros países”.

Aunque el comunicado de prensa de la CIRT no detalla las razones jurídicas que llevan a ese supuesto, uno de los asesores de esa cámara, Federico González-Luna, dijo el mismo jueves 17 que el “corazón de la sentencia es atar el uso del espectro a un uso particular porque dice que el servicio para el que fue concesionado el espectro no puede modificarse”. (EL UNIVERSAL, Finanzas, 18 de mayo 2007)

¿Y qué esperaba la CIRT? ¿qué el ministro diera su aval para que los concesionarios utilicen el espectro (las frecuencias o canales asignados) para proporcionar cualquier servicio de telecomunicaciones? Si justamente esa es una de las partes fundamentales de la discusión: la posibilidad de que gracias al artículo 28, los concesionarios de radiodifusión ofrezcan servicios distintos de los autorizados en su título de concesión.

Como bien lo han dicho las excomisionadas de la Cofetel, Salma Jalife y Clara Luz Álvarez, la contrarreforma despoja al Estado de la rectoría sobre el espectro radioeléctrico y transfiere esa facultad a los radiodifusores, quienes con presentar solicitud en términos del artículo 28 y sin que medie una contraprestación económica (a diferencia de otros operadores de telecomunicaciones), pueden usar un bien del dominio público (el espectro) para un objeto distinto de aquél por el cual recibieron la concesión. Este planteamiento fue retomado por el ministro Aguirre Anguiano.

¿Y eso que tiene que ver con la digitalización de la radio? Absolutamente nada. La elección del estándar digital de la radio terrestre es un procedimiento que se apoya, si nos basamos en lo que sucedió con la televisión digital terrestre, en la misma Constitución (artículos 25 y 27) y en otras leyes y reglamentos secundarios, entre ellos la Ley Federal de Radio y Televisión. Por eso es que las palabras del director de Información de Televisa y ahora vicepresidente de la CIRT, Javier Tejado Dondé, en el sentido de que “un criterio de la Corte nunca puede ser rebasado por una ley”, tampoco tiene sustento. Al Poder Ejecutivo Federal y, en el caso que nos ocupa, al secretario de Comunicaciones y Transportes, el ministro no le quita las facultades para determinar las políticas del sector, entre ellas la elección del estándar digital para la radio.

Piden apoyo a Radio Educación

En la insólita posición de la CIRT en torno de la ley Televisa, Pereda Gómez incluso exhortó a los medios permisionados “particularmente al IMER y a Radio Educación, integrantes del Comité de Tecnologías Digitales de la Radiodifusión, para estudiar el proyecto de sentencia y los impactos que ésta tendría sobre el futuro de la radio nacional (permisionaria y concesionaria)…”

La repentina solidaridad de la CIRT con los medios permisionados (emisoras sin fines de lucro) asombra. Como afirma un editorial de Etcétera publicado este fin de semana en su portal, “justamente ha sido este organismo y sus asesores quienes sistemáticamente han buscado todas las formas posibles para sabotear cualquier intento que permita que los medios públicos cuenten con mejores condiciones para su operación”.

Pero no sólo eso. Como se ha dicho insistentemente, la ley Televisa es un atentado, éste sí, en contra de la radio permisionada. Piden apoyar el artículo 28, cuando éste sólo otorga a los concesionarios (léase Televisa y Televisión Azteca) la posibilidad de ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones. Los permisionarios fueron excluidos de ese beneficio. Todo esto independientemente de los obstáculos que plantea la contrarreforma para la existencia de más emisoras de radio y televisión culturales, educativas, universitarias y, por supuesto, comunitarias.

El comunicado de la CIRT, por si fuera poco, es omiso y tiene errores graves. Se refiere al “Comité de Tecnologías Digitales de la Radiodifusión”, cuando en realidad se trata del “Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión”. Asimismo dice que Radio Educación y el IMER son integrantes del referido Comité. También es falso. Una cosa es que los directores de esas instituciones sean invitados a las reuniones del Comité, pero otra es que tengan ahí poder de decisión o de voto.

El acuerdo mediante el cual se crea el Comité (Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 1999), establece que a éste lo integran tres representantes de la CIRT y tres representantes de la SCT. Y aunque una y otra vez, tanto el Senado como diversas organizaciones, han exhortado que el Comité tenga una representación efectiva de los medios permisionados, de las radios comunitarias y de la sociedad civil, la respuesta ha sido negativa. El futuro de la radio no está en riesgo por el artículo 28, sino por la falta de acuerdos entre todos los sectores relacionados con el medio.

Periodismo digital en México

En noticias más amables, las incansables académicas de la UNAM, Delia Crovi, Florence Toussaint y Aurora Tovar, nos ofrecen un nuevo libro: Periodismo digital en México, publicado por la Máxima Casa de Estudios. En la investigación se hace un análisis sobre la aparición y los primeros años de vida de las redes digitales asociadas al periodismo mexicano. Interesante el apartado relativo a la convergencia entre Internet y la llamada prensa escrita, en el que El Universal Online tiene un lugar importante. Enhorabuena.

Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com

miércoles, 16 de mayo de 2007

7° Foro AMCIR en Radio UNAM


Viernes 18 de mayo 2007

8:30- 9:00 Registro
9:00 - 9:30 Inauguración

Ponencia Magistral: Fernando Álvarez del Castillo, Director de Radio UNAM

10:00 – 12:00 MESA 1: La 'Otra Radio' y la 'Ley Televisa'

Problemática de las radios comunitarias ante las reformas a la LFRyT: Leticia Santos (Radio Ibero)
Las perspectivas de la radio indigenista: José Manuel Ramos (UDLA, Puebla)
Futuro de las radios culturales y educativas ante las reformas a la LFR y T: Ernesto Velázquez, ( Red de Radios Culturales y Educativas )
Moderadora: Alma Rosa Alva de la Selva (AMCIR)

12:00- 12:30 RECESO

12:30 – 14:30 MESA 2: Futuros desafíos de ‘La Otra Radio’

La Otra Radio ante la convergencia tecnológica : René Villegas (AMCIR)
Del Escucha al Usuario: radio y transformación cultural: Sandra Osses Rivera (FCPyS, UNAM)
Los contenidos radiofónicos en el escenario multimediático: Virginia Bello, (Radio Educación)
Moderador: Vicente Castellanos Cerda (AMCIR)

14:30-15:00 Conclusiones, clausura, entrega de constancias


Sede: Instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
Costo: $150.00, estudiantes con credencial vigente ($100.00)
Depositar a la cuenta de Banamex 56609, sucursal 698 a nombre de Ma. Guadalupe Pérez Reyes
Informes: 57-672101 y 51-203785 de lunes a viernes.

martes, 15 de mayo de 2007

Telmex y Televisa: más negocios


Por Gabriel Sosa Plata

Publicado en El Universal, Finanzas, 15 de mayo 2007

La semana pasada fue de noticias intensas y polémicas en el sector. Mientras continuaba la discusión y análisis sobre la ley Televisa y lo que ésta implica en cuanto a las prácticas monopólicas, Telmex y Televisa, los gigantes oligopólicos de las telecomunicaciones y de los medios, daban a conocer, qué paradoja, detalles de sus nuevos proyectos de crecimiento y expansión.

Cablevisión, de Televisa, recibió hace unos días la concesión para dar servicios de telefonía fija. De esta manera, a partir del tercer trimestre de este año, la empresa se convertirá en un operador triple play (televisión de paga, Internet y telefonía) en el Distrito Federal. Tan seguros están del éxito de su nuevo servicio, que los directivos de la compañía prevén que al término de 2007 tendrán unos 10 mil clientes telefónicos (EL UNIVERSAL, Finanzas, 10 de mayo).

Mientras la noticia anterior circulaba en las secciones financieras, se anticipaba, también la semana pasada, que la Comisión Federal de Competencia (CFC) aprobará a Cablevisión la compra del 50 por ciento de Televisión Integral (TVI), del grupo regiomontano Multimedios Estrellas de Oro, y del 99.99 por ciento de Alvafig, la tenedora del 49 por ciento de Cablemás, considerado el segundo operador de televisión por cable más importante del país por su número de clientes, luego de Cablevisión.

Nadie detiene a Televisa. Las en apariencia duras condiciones que el órgano antimonopolio le impuso al consorcio televisivo para aprobar la adquisición de ambas empresas, fueron al parecer superadas sin grandes sacrificios. Es así como Televisa está por convertirse, pese a la CFC y a la oposición de otros operadores de telecomunicaciones, en el consorcio dominante no sólo en la televisión abierta y de la televisión por satélite (con Sky), sino también de la televisión por cable.

Tal como lo advirtió EL UNIVERSAL, con la suma de los clientes de Cablevisión, de TVI y de Cablemás, Televisa será el primer operador de la televisión por cable en el país. Más de 1.3 millones de clientes ubicados en las principales ciudades del país y, dadas las condiciones económicas de estas plazas, con buenas expectativas para el desarrollo de los servicios de triple play.

A esa otra posición dominante llegará ante la vista de los demás empresarios de la televisión por cable y de su organismo representativo, la CANITEC, dispuestos a encabezar una lucha feroz en contra de que Telmex se incorpore al negocio de la televisión de paga, pero extrañamente condescendientes frente a la consolidación de Televisa en este sector de las telecomunicaciones.

IPTV de Slim

A su vez, Telmex dio a conocer que tiene todo listo para ofrecer a sus clientes el servicio de televisión de paga a partir del primer trimestre de 2008. Lo empaquetará con sus servicios de telefonía fija e Internet, lo que abaratará los costos y por lo tanto los precios al público. Aunque el nuevo servicio (IPTV o televisión mediante protocolo de Internet, sobre el cual abundaremos en próximas colaboraciones) estará disponible sólo para los clientes que hayan contratado una conexión de Internet de alta velocidad, Telmex considera que será un buen negocio.

La empresa de Carlos Slim tiene la plena confianza que, con base en el Acuerdo de Convergencia, le sea retirado el candado establecido en su título de concesión para ofrecer televisión de paga, aunque hasta ahora ninguna autoridad se atreve a dar la última palabra sobre la aplicación del pago o no pago por esa importante modificación. Algunas de las condiciones impuestas a la telefónica en el acuerdo, como la interconexión de su red con otros operadores y la implementación de la portabilidad de número, podrán ser cumplidas por la empresa.

Por si fuera poco, la suspensión del referido acuerdo de convergencia, como consecuencia del amparo promovido por un concesionario de televisión por cable, fue revocada por la autoridad judicial, por lo que el espíritu que le dio origen (quitarle a Telmex el candado para que se incorpore al negocio de la televisión de paga) y algunas reglas, como la portabilidad, seguirán adelante.

De hecho, también la semana pasada, la Cofetel envió a la Comisión Federal de Mejora Reguladora (Cofemer) la última versión del documento sobre portabilidad, el cual recoge las opiniones que al respecto presentaron algunas empresas e instituciones. Se prevé que a más tardar la próxima semana sea publicado el documento en el Diario Oficial de la Federación. Si todo se desarrolla conforme a lo planeado, la portabilidad arrancará el primer bimestre de 2008 y deberá ser acatada por todos los operadores al mismo tiempo (EL UNIVERSAL, Finanzas, 10 de mayo).

CIRT y sus pruebas

Y mientras Televisa y Telmex se preparan para la diversificación de sus negocios, el duopolio de la televisión, tal como anticipamos aquí, arremete en contra de aquellos que cuestionan la ley Televisa y la manera en cómo fue aprobada. Contra la costumbre, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dominada por Televisa, emite un comunicado de prensa en el que demanda al coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, presentar pruebas de sus acusaciones, en el sentido de que el Congreso aprobó la reforma de medios por imposición y no por negociación.

Televisa y Televisión Azteca hacen lo suyo y cuestionan a la Corte, luego de que ésta resolviera que el Senado no puede objetar los nombramientos de los comisionados de la Cofeco. Que el Ejecutivo, dicen sus conductores y analistas, trata de imponerse sobre los demás poderes. Es una vuelta al pasado, dijo Joaquín López Dóriga. El duopolio proporciona así una probadita de la política informativa que seguramente desarrollará en torno de la discusión y sentencia de los ministros a la ley Televisa.

Por lo pronto le adelantamos que una de esas televisoras prepara algunos reportajes (ya se imaginará el tono) sobre la trayectoria de Santiago Creel. ¿Qué otros actores políticos o empresariales que se oponen a la ley Televisa estarán en la mira del duopolio?

Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com

lunes, 14 de mayo de 2007

Telecommunications: cutting off a dominator


By Adam Thomson
Financial Times

May 9 2007 06:02

Last month, Carlos Slim, the Mexican businessman, jumped into second place on the list of the world’s wealthiest individuals. The news came just a few weeks after Forbes, which compiles the list, confirmed that Mr Slim’s fortune had grown far quicker than that of anyone else last year – at an average rate of $52m a day.

Mr Slim, now 67, presides over a business empire that extends from mining to retail and creeps into just about every aspect of Mexican life. But if there is one thing that explains the huge growth in his wealth over the past few years, it is Telmex, Mexico’s largest fixed line telephone company, and América Móvil, its cellular spin-off.

Together, these companies dominate the telecommunications market in Mexico. More than a decade after its purchase as part of the government’s privatisation programme in the 1990s, Telmex continues to control more than 90 per cent of the country’s fixed lines. Meanwhile, Telcel, the Mexican subsidiary of América Móvil, controls an estimated 80 per cent of the country’s cellular market.

The problem, experts say, is that such dominance has kept telecommunications prices in Mexico unreasonably high and competition to a minimum. “It is just not an attractive market [for investment],” says Gabriel Sosa, a professor at the Autonomous Metropolitan University in Mexico City. “These companies have done everything in their power to stifle competition.”

Indeed, a recent study by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) showed that Mexico had some of the most expensive telephone charges of all OECD members. Even Felipe Calderón, the centre-right president, has spoken out on the issue: in a recent interview with the Financial Times, he said that telephone charges were too high.

Some industry analysts have pointed to the advances in technology and convergence – the process by which telecommunications, internet and video can be sent through a single network – as a way to introduce greater competition into the sector and therefore lower prices.

One ray of hope, they say, is the numerous cable television companies operating in Mexico, which have shown increasing interest in offering their customers television, internet and telephone in one packet.
This packet, sometimes known as “triple play”, is already on offer to residents in five Mexican cities, though not in the capital. For example, in Monterrey, the industrial capital of northern Mexico, TVCable Digital, a Mexican company that has teamed up with Marcatel, a local telephone operator, has invested $10m to lay 400km of triple play network.

At 499 pesos a month, excluding value added tax (VAT), the packet may not sound wildly attractive to customers living in the US. But that is still about 20 per cent cheaper than it costs at present to purchase the same services separately.

Meanwhile, Cablevisión, the biggest cable provider in the capital, says it plans to start offering its 600,000 customers telephone services through a triple-play package later this year.

Alejandro Puente, who heads the chamber of cable telecommunications providers (Canitec), which represents the country’s cable television companies, says that there has been a positive change towards the granting of telecommunications licenses and introducing greater competition since Mr Calderón’s administration came to power last December. One sign of that change, he says, is that in January alone the government granted cable companies 20 direct licenses to provide local telephone services. “We have been fighting for years to compete in the sector and now, finally, it is starting to happen.”

Yet, for all the optimism, there is a long way to go and several barriers to overcome. One is so-called interconnectivity, which involves the ability of small and medium-sized telephone providers to hook up to Telmex’s extensive network so they provide national coverage.

With some exceptions – Cablemás, a local cable company in the northern border city of Tijuana, is one of the few that have negotiated a deal with Telmex – progress has been slow.

Luis Téllez, the government’s telecommunications secretary, says that part of the problem is the Federal Commission of Telecommunications (Cofetel), the sector’s regulatory body, which sets the rules and enjoys considerable autonomy from the federal government.

In a recent interview with the FT, Mr Téllez accused the body of foot-dragging. He also said it sometimes lost sight of its role in defending consumers. “Cofetel does not always act in the best interests of the people,” he said.

Another problem is portability – the ability of Telmex’s customers to take their telephone numbers with them when they switch providers. Héctor Osuna, who heads Cofetel, admits that resolving this problem has taken longer than he would have liked. But he also says he is confident that Mexico will have portability by the end of this year.

Mr Puente believes that one opportunity to have reduced the importance of the two companies would have been to prevent them from bidding in a new round of auctions for spectrum that Cofetel expects to take place in the second half of this year.

In fact, the auctions for the spectrum, which occupies the 3.4Ghz-3.7Ghz frequencies and will allow companies to offer customers services such as wireless broadband connections, are almost certain to involve Mr Slim. Furthermore, many analysts doubt whether excluding him from bidding is the answer.
But they also say that until the government takes firm action to encourage greater competition, Mr Slim will continue to maintain an iron grip on Mexican telecommunications.

Ley Televisa, la ‘operación torniquete’ (Primera de dos partes)


Por Jenaro Villamil

México, D.F., 14 de mayo (apro).- Una nueva y nada sutil operación de presión entre concesionarios, organismos reguladores y legisladores comenzó a operar poco después que se conociera el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte, Salvador Aguirre Anguiano, que considera “parcialmente fundada” la acción de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, pero mantiene el mecanismo de “refrendo automático” de las concesiones, lo que es considerado por diversos actores políticos como una de las irregularidades más graves.

La primera señal de presión provino de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que lamentó el 9 de mayo las declaraciones del senador y coordinador de la bancada del PAN, Santiago Creel, quien afirmó que la Ley Televisa fue resultado más de una “imposición que de una negociación”. La segunda muestra de presión y cabildeo fue la asistencia de los senadores Federico Döring, del PAN, y de Javier Orozco Gómez, del Partido Verde, el viernes pasado, para “presentarle su posición” a los ministros de la Corte. Ambos legisladores mantienen una clara cercanía con Televisa: el primero fue el operador de los ‘videoescándalos’ que detonaron en marzo de 2004, mientras el segundo fue el artífice en la Cámara de Diputados de la minuta de la Ley Televisa, que se aprobó el 1 de diciembre de 2005.

En su comunicado, el organismo cúpula de los concesionarios afirmó que “si el senador Creel tiene elementos probatorios de cualquier naturaleza, será conveniente que los presentase ante las autoridades competentes”.El boletín de la CIRT coincidió con las declaraciones que realizaron los diputados Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI y reconocido como uno de los principales operadores de la Ley Televisa, y su similar del blanquiazul, Héctor Larios.Ambos negaron que hubieran existido presiones o que se hubiera impuesto la Ley Televisa.

“Por supuesto que tenían que decir eso. Gamboa Patrón fue uno de los que presionó”, recuerda a Proceso, el exsenador priista Manuel Bartlett. Por su parte, el exsenador y actual diputado del PRI, Carlos Rojas, también entró al debate, aunque matizó así la situación:

“Claro que hubo presiones. No hay que asustarse de eso. Son presiones legítimas, no son violatorias de nada. Yo atestigüé una del senador Ernesto Gil Elorduy, quien dijo en una reunión plenaria de la fracción del PRI –antes de votar la Ley Televisa-- que había que aprobar la ley porque eso ayudaría a la campaña presidencial de Roberto Madrazo”.

La CIRT le recordó en ese mismo comunicado a Santiago Creel que los trabajos de la “Mesa de diálogo para la revisión integral de los medios electrónicos”, realizados durante 14 meses cuando él fue secretario de Gobernación, “no rindieron resultado alguno”.

El especialista Gabriel Sosa Plata escribió --el 8 de mayo en su columna “La Corte y la Fundación Televisa”-- que “la maquinaria de ‘cabildeo’ y de la desinformación de las televisoras y empresas afines ya se echó a andar con dos objetivos fundamentales: uno, influir en los ministros con el propósito de que se opongan al proyecto de sentencia de la contrarreforma; el otro, presentarse como víctimas de una persecución política al afirmar que ese documento pone en riesgo la independencia de los medios.“Justo este fin de semana –agregó Sosa Plata-- el organismo representativo del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, dominada por Televisa), lanzó una intensa campaña para manifestar su rechazo a la acción de anticonstitucionalidad bajo el argumento de que es un atentado contra la libertad de expresión. El mismo argumento utilizado cuando se discutía la reforma, ésta sí a favor de la pluralidad y el acotamiento de las empresas dominantes, impulsada por la subcomisión de Radio y Televisión en el Senado”.

Esa iniciativa original de reforma se abortó desde finales de 2004 y quedó congelada durante todo el 2005. Paradójicamente, en aquella ocasión Santiago Creel no hizo ninguna expresión de apoyo. Carlos Rojas, quien como senador también se opuso a la Ley Televisa, recuerda que “realmente Creel no tiene cara para esta posición crítica. Es el menos indicado. Está documentado que sus spots en Televisa, cuando fue precandidato del PAN, costaron una bagatela”.

La reacción en el Senado ante la crítica de la CIRT no se hizo esperar. En un comunicado emitido el 10 de mayo, la Junta de Coordinación Política expresó su “solidaridad con el derecho del senador Santiago Creel Miranda, coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente de este órgano de gobierno, a expresar sus opiniones y puntos de vista sobre este y los temas de interés público que se debaten en la actual coyuntura política del país”.

La presión de la CIRT surtió un efecto en el propio Creel. En su conferencia de prensa del mismo día, matizó sus declaraciones anteriores y afirmó que fueron “las circunstancias” y no los individuos las que “impusieron la propia situación que se dio en la aprobación” de la Ley Televisa.El viernes 11 de mayo, el secretario general del PAN, José Espina, respaldó a Creel y a todos los senadores frente a las críticas de la CIRT. Espina aclaró que esperarán a la resolución de la Suprema Corte para valorar qué decisión tomará el blanquiazul frente a la ley.

La anterior ‘operación Torniquete’

El comunicado de la CIRT fue impulsado por su primer vicepresidente, el abogado Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y ampliamente conocido como uno de los cabilderos principales del consorcio presidido por Emilio Azcárraga Jean. Tejado Dondé fue el mismo personaje que protagonizó el escándalo de una serie de llamadas telefónicas, filtradas a diversos medios en marzo de 2006, poco antes de que se aprobara en el Senado la Ley Televisa. El disquete que reproduce esas llamadas se titula: “Operación Torniquete de Javier Tejado Dondé a la industria (ene/feb 2006)”.

El abogado de Televisa presionó a organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), a través de funcionarios de empresas telefónicas como Avantel y Alestra, para que esta cámara dirigida por Tere Carrillo modificara su oposición original a la Ley Televisa, expresada en un desplegado público el 12 de diciembre de 2005.En aquel comunicado, la Canieti –organismo que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones-- expresó su “sorpresa, preocupación y desacuerdo” frente a las reformas aprobadas por unanimidad el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, y que fueron conocidas como Ley Televisa.

De acuerdo con las grabaciones, de las cuales Proceso obtuvo una copia, uno de los elementos de presión que utilizó Tejado Dondé y Televisa fueron las llamadas de Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio, al jefe de Tere Carillo, de la empresa Hewlett Packard, para que la Canieti modificara su posición. Gómez le sugirió que Hewlett Packar podía perder a varios compradores en México.

En la ‘operación Torniquete’ de entonces participaron expertos en telecomunicaciones como Eduardo Ruiz Vega. A él, Tejado Dondé le “sugiere” hablar con “legisladores clave” para que la minuta de la Ley Televisa fuera aprobada “en sus términos” en el Senado.De acuerdo con las grabaciones, Tejado Dondé extendió su influencia hacia otros concesionarios de telecomunicaciones, como Maxcom, Intel y Marcatel, además de Hewlett Packard, para que apoyaran esta iniciativa.

Durante las comparecencias que se realizaron en el Senado para analizar la Ley Televisa, la investigadora Fátima Fernández Christlieb, recordó:“Quedarán para la historia los primeros documentos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti). Me refiero a dos de ellos, el desplegado del 12 de diciembre en el que expresan su desacuerdo con las reformas y las 21 cuartillas con los requerimientos de adecuaciones a la minuta que dieron a conocer el 11 de enero. Algún día también sabremos a qué tipo de presión o de amenazas se vio sometida la dirigencia de esta cámara para cambiar su postura”.

Actualmente, Eduardo Ruiz Vega es integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuyo nombramiento está impugnado, al igual que el de los exsenadores Héctor Osuna, del PAN, y Ernesto Gil Elorduy, del PRI, por los amparos interpuestos por los exaspirantes Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous.

Osuna fue el presidente de la comisión responsable de dictaminar la Ley Televisa y defendió en todo el proceso la necesidad de que la minuta se aprobara “en sus términos”, tal como pedía Televisa. Gil Elorduy, cercano a Enrique Jackson, fue el mismo senador que convocó a sus homólogos a apoyar la iniciativa para beneficiar a la campaña de Roberto Madrazo.

En Proceso internet:
Foto:

Quedan fuera de ley de medios grupos pequeños


Por Angelina Mejía Guerrero
El Universal, Finanzas, 14 de mayo de 2007


Pero no sólo eso, sino que fueron ignoradas las voces de instituciones gubernamentales como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Federal Electoral (IFE)

En los trabajos para las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión se escucharon casi todas las voces; sin embargo, las de los grupos minoritarios y sin gran poder económico fueron excluidas del resultado final. Simplemente se les bajó el switch.

Así "salieron del aire" en esa emisión los grupos indigenistas, las radios comunitarias, los medios públicos, los operadores de estaciones educativas y culturales, así como los radiodifusores independientes y potenciales nuevos concesionarios.

Pero no sólo eso, sino que fueron ignoradas las voces de instituciones gubernamentales como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Estas autoridades advirtieron sobre los graves riesgos de aprobar estas reformas en términos de privilegiar a los grupos más poderosos, promover las concentraciones y el peligro de que el Estado perdiera la rectoría sobre espectro radioeléctrico, entre otros, agregaron especialistas consultados.

Explicaron que haber atendido los argumentos de estos actores y otorgado a todos los jugadores del mercado de la radiodifusión los beneficios que se les dieron a los grandes concesionarios de los medios de comunicación habría representado entrar al fondo del asunto: abatir las concentraciones y dar lugar a una competencia efectiva que genere pluralidad y libertad de expresión en el sector.

Para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), las radios comunitarias y los medios públicos sí fueron incluidos en la ley de medios, prueba de ello es que quedaron en la posibilidad de obtener sus permisos para operar estaciones, tal como se considera claramente en la polémica legislación.

Fuentes de la Cámara comentaron que si estos grupos se consideran excluidos es porque querían más facilidades para la obtención de las autorizaciones para operar emisoras, y sobre todo, la posibilidad de comercializarlas.

Sin embargo, esto no es posible debido a que está muy bien definido un esquema dual, en el que por un lado están los operadores comerciales, con fines de lucro, y los permisionados, cuya razón es la difusión de la cultura y educación, agregó la CIRT.

Marielena Estavillo, presidenta de AEQUUM Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, destacó que no se debe olvidar que entre los excluidos en esta ley están los consumidores, los cuales son los directamente afectados por las políticas públicas.

Además, los operadores de telecomunicaciones tampoco fueron tomados en cuenta, lo cual es muy grave porque ellos son los que en un futuro van a competir en el mismo mercado con la convergencia tecnológica.
Actualmente la competencia de la televisión es más directa con los operadores de cable, porque se disputan los presupuestos publicitarios, pero también se enfrentan en el terreno de captar contenidos.

Raúl Trejo Delarbre, investigador y especialista en medios electrónicos, señaló que durante las consultas públicas que hicieron los senadores en las discusiones de las reformas a la ley de medios los argumentos más sólidos fueron ofrecidos por los retractores de estos cambios; sin embargo, no fueron suficientes para pesar en el ánimo de los legisladores.

El problema radica en que al ignorar estas voces no se reconoció el interés de la nación en la administración de un bien nacional como es el espectro radioeléctrico y que la radiodifusión y las telecomunicaciones son áreas de interés público y no sólo espacios para hacer negocio, sostuvo.

Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM, dijo que los puntos de vista de los grupos de la sociedad civil, de radios comunitarias, de medios públicos e independientes no fueron considerados por los legisladores que aprobaron las reformas porque "la indicación era aprobarla sin quitarle una coma".

Las radios comunitarias fueron ignoradas en la ley, por lo que en las actuales condiciones no podrían surgir nuevas emisoras de este tipo, pues con las reformas se estableció que las únicas instituciones que pueden ser susceptibles para obtener permisos son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las universidades y los organismos descentralizados o desconcentrados.

"La ley y su proceso de discusión y aprobación tuvo que ver con un contexto político determinado, lo cual le restó transparencia y legitimidad, pues la legislación no vino de un proceso de consulta plural sino de una imposición", destacó Gabriel Sosa Plata.

martes, 8 de mayo de 2007

La Corte y la Fundación Televisa


Por Gabriel Sosa Plata

Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 8 de mayo 2007

“¿Tienes el valor o te vale?” es el slogan de una intensa campaña que la Fundación Televisa lleva a cabo desde el 2002 (año, por cierto, del famoso “decretazo” promovido por el mismo consorcio televisivo para dar término al tiempo fiscal del 12.5% y aumentar sus privilegios en la transmisión de publicidad) para “atacar la causa de los graves problemas que enfrentamos y no sólo sus consecuencias”.

Uno de los últimos spots de esa campaña promovió el valor de la “honestidad” y pedía a los ciudadanos denunciar a los corruptos y a los ladrones. Paradójicamente, esa campaña se continuaba difundiendo cuando Televisa presionaba (sus emisarios decían que se trataba de “cabildeo”) a senadores, radiodifusores, empresarios de la televisión por cable y de las telecomunicaciones para apoyar la reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones (conocida como ley Televisa).

A una importante cantidad de sectores representativos de la sociedad no les “valió” y tuvieron el valor de denunciar el despojo que se estaba gestando del espectro radioeléctrico, la falta de equidad en el acceso a la convergencia tecnológica, el fortalecimiento del duopolio de la televisión en detrimento de la competencia y la pluralidad en el sector, así como las implicaciones políticas que estaban en juego con la aprobación de esa contrarreforma.

A pesar de la fuerte oposición, la contrarreforma fue aprobada, después de una intensa jornada en el Senado. Ampliamente documentados están los mecanismos de “negociación” que utilizó Televisa para que la ley lograra el voto mayoritario favorable de los senadores y, antes, de los diputados. Todos los candidatos a la presidencia y dirigentes de los partidos políticos también estuvieron dispuestos a complacer el consorcio televisivo, bajo el intenso calor de las campañas políticas.

Sobre la también llamada “operación torniquete” hubo diversos testimonios, pero ahora basta de ejemplo lo que dijo la semana pasada el mismo Santiago Creel, el exsecretario de Gobernación quien alimentó a la insaciable empresa televisiva con 130 permisos para operar centros de apuestas y que fue actor determinante del “decretazo” del 2002: “Fue más bien una imposición que una negociación”, dijo Creel sobre la ley Televisa. “Es tiempo de rectificación”, agregó. (Proceso, 6 de mayo 2007)

Tras el aval del ahora expresidente Vicente Fox, la contrarreforma puso en evidencia la debilidad de la democracia mexicana. La democracia no sólo tiene que ver con procesos electorales limpios, sino con procesos transparentes y democráticos en la deliberación y toma de decisiones. Cuando un sector (en este caso un poder fáctico en consolidación) impone su ley, la democracia se resquebraja. Por eso es que también a un grupo de 47 senadores tampoco les valió y presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley Televisa que, a más de un año, será analizado por la Suprema Corte de Justicia.

Por lo pronto y a pesar de los malos augurios iniciales filtrados hace unos días a La Jornada, el anteproyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es alentador. Considera inconstitucionales los artículos 16, 17-G, 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión. Uno de los más importantes de todos ellos es el 28, “la nuez del plan de negocios”, como dijera el exsenador Javier Corral, y que aquí como en muchos otros espacios se denunció por tratarse del que más privilegios otorgaba al duopolio de la televisión.

Campañas en contra

La maquinaria del “cabildeo” y de la desinformación de las televisoras y empresas afines ya se echó a andar con dos objetivos fundamentales: uno, influir a los ministros con el propósito de que se opongan al proyecto de sentencia de la contrarreforma; el otro, presentarse como víctimas de una persecución política al afirmar que ese documento pone en riesgo la independencia de los medios.

Justo este fin de semana, el organismo “representativo” de los empresarios del sector, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, dominada por Televisa), lanzó una intensa campaña para manifestar su rechazo a la acción de inconstitucionalidad bajo el argumento de que es un atentado en contra de la libertad de expresión. El mismo argumento utilizado cuando se discutía la reforma, ésta sí a favor de la pluralidad y el acotamiento de las empresas dominantes, impulsada por la subcomisión de radio y televisión del Senado.

Seguramente, en los próximos días, el duopolio de la televisión hará una campaña más intensa, camuflajeada o no de información, para oponerse al proyecto del ministro Aguirre Anguiano. La desinformación, característica de las televisoras cuando se ponen en riesgo sus intereses (caso Stanley, tercera cadena de tv, ley Televisa, etc.), será una de las constantes durante las siguientes tres semanas. El poder fáctico hará sentir su peso en el Estado mexicano.

La Corte ya anunció que del 14 al 18 de mayo se ocupará exclusivamente de este caso. El 21 de mayo consultará a expertos de la UNAM y del IPN para que opinen sobre el proyecto. Será de fundamental importancia que las personas designadas para ello, independientemente de ser conocedores de las materias involucradas en el asunto, sean autónomas y no tengan relación laboral ni empresas de consultoría al servicio de cualquiera de los actores involucrados. Esto debemos recalcarlo porque durante la discusión de la contrarreforma hubo personajes que se ostentaban como académicos pero en realidad trabajaban para Televisa.

¿Tienes el valor o te vale? La importante cantidad de organizaciones, instituciones y personas que nos oponemos a la ley Televisa confiamos que la Corte actuará conforme a derecho y tendrá el valor de enfrentar la presión que dentro y fuera de ese recinto judicial recibirán sus ministros. Su sentencia será fundamental en cuanto al equilibrio de poderes en México, pero como afirma Miguel Ángel Granados Chapa sería apenas un paliativo de la sociedad frente a los intereses del duopolio.

Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http://radiomexicana.blogspot.com
En El Universal:

martes, 1 de mayo de 2007

Canal 46: expediente desaparecido


Por Gabriel Sosa Plata
Columna "Telecom y Medios", publicada en El Universal, Finanzas, 1 de mayo 2007
Increíble, pero cierto: en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no existe expediente alguno sobre el canal 46 de televisión, concesionado a Cablevisión. En consecuencia, si usted desea saber cuál es la situación administrativa de ese canal y cuál es el uso que de esa frecuencia hace Televisa, le sugerimos que no acuda al “órgano regulador” porque ellos no poseen documentación al respecto.

“Practicada una revisión a los expedientes en esa unidad administrativa a partir del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, en el que dispone que los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son transferidos a esta Comisión, no se encontró antecedente alguno en relación con el canal 46 de la banda UHF en el Distrito Federal, teniendo conocimiento que este canal pertenece al sistema de televisión restringida, por lo que es inexistente”.

La respuesta anterior, obra de la Titular de la Unidad de Enlace en la Cofetel, Liz Angélica Mora Flores, se dio a partir de la solicitud de una copia del expediente del canal 46, apoyado en la denominada “ley de transparencia”. Me interesaba, como ahora, saber cuál es la situación técnica y jurídica de ese canal, luego de que la Cofetel negara al gobierno del Distrito Federal la posibilidad de explotarlo, dado que –en efecto- fue concesionado a Cablevisión para la operación de un sistema de televisión restringida, sobre el cual no se ha divulgado ninguna información.

En el oficio mencionado parece que la desaparecida Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT fuera la responsable da la inexistencia de la información del canal, pero tratándose de un sistema de televisión restringida, el o los expedientes de esa frecuencia debían estar en alguna de las oficinas de la misma Cofetel, debido a que este órgano siempre ha tenido atribuciones en ese ámbito (el de la televisión restringida, ya sea por cable, por microondas o por satélite).

Resulta muy delicado que el “órgano regulador” no posea, como informa su unidad de enlace, “antecedente alguno” sobre la manera en que un particular, en este caso Cablevisión, hace uso de una frecuencia del espectro radioeléctrico, un bien que pertenece al Estado. No es, por supuesto, la primera vez que no se tienen datos precisos sobre lo que hacen los “regulados”. Hace tiempo, informamos que Televisa llevaba a cabo transmisiones experimentales de servicios adicionales de telecomunicaciones en el canal 48, pero en la SCT no se tenía ninguna información (EL UNIVERSAL, Finanzas, 7 de junio 2006).

Parte fundamental del recurso de inconstitucionalidad promovido por 47 senadores en contra de la “ley Televisa” tiene que ver con eso: la posibilidad real de que el Estado pierda rectoría en cuanto a la planeación y administración del espectro radioeléctrico al dejar que los particulares utilicen como quieran las frecuencias concesionadas. El canal 46 es un ejemplo claro no sólo de esa negligencia, de esa falta de rectoría, sino también de la manera en cómo se hace un uso dispendioso de los recursos, cuando hay empresas e instituciones que reclaman un espacio en la televisión.

A la Cofetel no le interesa saber ni informar lo que hacen algunos de sus “regulados”. Se trata de una consecuencia que se advirtió que vendría acompañada con la aprobación de la “ley Televisa”. Y el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, lo ha comprobado: “Los reguladores han sido capturados por los regulados”. De ahí la importancia que tendrá en los próximos días la resolución que la Corte haga sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores y los amparos promovidos por Rafael del Villar y Gonzalo Martínez, lo que podría redefinir el rumbo de la Cofetel.

Por supuesto que presenté un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) por dos razones. La primera es que me parece inverosímil que no exista información alguna sobre una concesión federal otorgada por la SCT. La segunda es que, si fuera real esa inexistencia, ello implicaría responsabilidades de parte de los funcionarios encargados de preservar el o los expedientes de ese canal de televisión.

Consulta sobre radio digital

Y ya que hablamos del órgano “regulador”, la Cofetel dio a conocer en su comunicado de prensa N° 19/2007 que próximamente dará a conocer la política de radio digital para la frontera norte y que para ello abrió una “consulta pública” en su sitio web, donde los ciudadanos podrán manifestar su sus opiniones sobre ese tema hasta el 11 de mayo de 2007.

La “consulta” consiste en que los interesados envíen un mensaje de correo electrónico a la Cofetel. Qué mecanismo de participación tan impresionante ¿no es cierto? Por supuesto se trata de una simulación. Si los comisionados de ese órgano quisieran realmente poner a consulta una decisión tan importante para el futuro de la radio, desde hace meses debieron organizar foros públicos para que todos los sectores relacionados o no con el sector emitieran opiniones al respecto. Así ha ocurrido en países como Canadá, Alemania y Francia, pero es mucho esperar de una institución que en el caso específico de la radio digital terrestre, también se ha caracterizado por cerrar sus puertas en las discusiones del tema a otros jugadores importantes como la radio comunitaria y los pequeños empresarios del medio.

Encuentro AMIC 2007

Desde ayer y hasta el próximo 4 de mayo, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), que preside Aimée Vega, llevará a cabo su XIX Encuentro Nacional, en la Universidad Autónoma de Tabasco, en Villahermosa. El tema: “Las claves necesarias de una comunicación para la democracia”. Entre las actividades consideradas en el programa también está el Primer Coloquio de Investigación México-Brasil, en el que se analizará la situación del desarrollo de las tecnologías digitales en ambos países.

Profesor e investigador invitado de la UAM-Cuajimalpa
http: //radiomexicana.blogspot.com